El nuevo régimen de tasas judiciales anunciado por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, exprimirá los bolsillos de los afectados en procedimientos civiles, contencioso-administrativos y sociales. La Ley de Medidas Fiscales, que está a la espera de pasar por el trámite parlamentario, duplica el precio de las tasas en segunda instancia y permitirá ingresar unos 2,7 millones de euros sólo en los juzgados de la provincia de Almería, si se repite el volumen de asuntos registrados en años anteriores. El proyecto de Ruiz Gallardón contempla duplicar el gravamen por usar los juzgados y, particularmente, por recurrir sentencias. “El objetivo es evitar la litigiosidad artificiosa que satura los juzgados”, explicó el Gobierno tras el Consejo de Ministros. Es decir, que los usuarios no apelen autos y sentencias con el objetivo único de dilatar los procesos judiciales. No obstante, la tabla de tasas grava al alza los asuntos económicos muy cercanos a los ciudadanos y empresas, como procedimientos monitorios, cambiarios y ordinarios y concursos de acreedores donde se reclaman cantidades económicas. El caso de los monitorios es particularmente significativo, porque una norma reciente amplia su margen de actuación. Se aplica en las reclamaciones de cantidad a morosos en comunidades de vecinos o alquileres, por ejemplo. “Copago judicial” Por ello, desde algunos sectores se habla de la implantación de una “copago judicial” y la Junta de Andalucía ya se ha posicionado en contra. Para el todavía consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho, “acabaría disminuyendo la efectiva tutela judicial de algunas personas”. “No puede existir una justicia pública y privada, ya que es un servicio exclusivo y excluyente y tiene que público”, ha manifestado recientemente. “Hay que ahorrar y ser austeros, pero lo último es implantar el copago”, concluyó el consejero socialista. No obstante, la judicatura se ha posicionado institucionalmente a favor. Luis Miguel Columna, juez decano de Almería, defiende el sistema propuesto en el encuentro de Jueces Decano celebrado en Vitoria en el mes de noviembre de 2011, en cuyas conclusiones se habla de “tasas disuasorias y pedagógicas” con el objetivo de “acomodar la litigiosidad formal a la real en todos los órdenes jurisdiccionales, evitando las reclamaciones abusivas”. Dicho de otro modo, el objetivo según los jueces es evitar el uso excesivo de los juzgados y apostar por fórmulas distintas como las soluciones extrajudiciales y la mediación.