La Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía se aprieta el cinturón para equilibrar sus cuentas y busca reducir al mínimo necesario los gastos corrientes en las sedes judiciales. Un informe elaborado por la Secretaría General para la Justicia centró su mirada en el coste de las comunicaciones postales y telefónicas y conminó al personal de los juzgados a “racionalizar los recursos”.

El área que dirige el gaditano Francisco Menacho considera elevados algunos conceptos de facturación. “Se ha realizado un análisis que pone de manifiesto la relevancia que, especialmente en la actual coyuntura económica, tiene la optimización de los recursos destinados a financiar los gastos en comunicaciones”, dice la Secretaría de Justicia.

Según el estudio de 2011, los juzgados almerienses facturaban 20.400 euros mensuales de media en llamadas telefónicas, 91 euros por línea y unos 250.000 euros de proyección anual. La Junta de Andalucía insiste en la necesidad de tomar medidas de ajuste y ejemplifica sobre sus dudas: “Se observan diferencias significativas, pues mientras que una línea de la provincia de Almería ha generado un gasto de 91 euros, una línea de la provincia de Málaga ha supuesto 133 euros, es decir, un 46 por ciento más”.

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