Los concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Mojácar han solicitado la celebración de un Pleno extraordinario para acordar, entre otros asuntos, “la remisión de  varios decretos de Alcaldía a la Inspección de Trabajo de Almería con el fin de que ésta determine acerca de la legalidad de las gratificaciones pagadas por la alcaldesa a determinados empleados municipales”.

Además, los ediles de Somos Mojácar, PSOE y UM10 quieren que el Pleno remita estos decretos de Alcaldía al Defensor del Pueblo Andaluz para que éste dictamine si existe agravio comparativo entre los empleados del Consistorio, “al no haberse producido el pago de las gratificaciones a todos por igual y con el mismo criterio”.

Medio millón
Somos Mojácar, PSOE y UM10 han puesto de manifiesto que la alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano, “lleva realizando desde 2009 una serie de pagos de gratificaciones a determinados empleados que autoriza personalmente mediante decreto de Alcaldía, y con una periodicidad mensual en la mayor parte de las veces”. La suma de todas esas gratificaciones asciende a 464.463,17 euros.

Los concejales de la oposición señalan que, “para ser conformes con la legislación laboral, dichas gratificaciones deberían responder siempre a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada laboral normal, y no podrían exceder de determinados límites”. “Sin embargo, la alcaldesa del PP no ofrece explicaciones sobre su criterio al concederlas”, añaden los ediles.

Ante la recurrencia mensual de estos pagos, las dudosas justificaciones para realizarlos y el consiguiente perjuicio que se le estaría causando a los empleados beneficiarios-pues probablemente se debería de regularizar mediante un aumento de los salarios bases-, la oposición considera que “es necesaria la pronunciación por parte de la Inspección de Trabajo y proceder, en su caso, a la regularización de la situación de esos empleados.

Asimismo, la oposición solicita que el Interventor y la Secretaría del Ayuntamiento emitan sendos informes acerca de la legalidad de los decretos de Alcaldía en relación con las gratificaciones, así como un informe en el que se detallen los trabajos realizados fuera de jornada de los empleados de un organismo municipal al que se refieren los decretos de la alcaldesa.