La Junta de Andalucía puso en marcha hace un año la llamada ‘factura sombra’, un recibo entregado al ciudadano que detalla el coste real para la Administración de servicios públicos como la atención sanitaria, el transporte escolar o la ayuda a domicilio. No se trata de cobrarlos, sino de concienciar sobre los gastos derivados de un uso ‘abusivo’. Educar para ahorrar.

De momento, la ‘factura sombra’ no ha llegado a los tribunales, aunque son cada vez más frecuentes las peticiones de medidas similares en el ámbito judicial. Esta semana, un encuentro nacional de jueces decanos en Vitoria concluyó la necesidad de un estudio pormenorizado de los gastos. “Hay que tener en cuenta que los procedimientos más sencillos, una reclamación de cantidad de 90 euros o un juicio de faltas, por ejemplo, se calcula que tienen un coste medio de 1.300 euros”, señala Luis Columna, juez decano de Almería.