Más de diez años después de que vieran cómo su casa quedaba reducida a una montaña de escombros, la familia Prior ha vuelto a recibir un nuevo revés, en este caso judicial. Tras el recurso del Ayuntamiento de Vera por la sentencia en la que se le obligaba a indemnizar con 425.185 euros a la pareja de jubilados de origen británico, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado que el Consistorio tendrá que abonar una compensación a los afectados , aunque notablemente inferior a la impuesta en primera instancia.

Según la sentencia judicial emitida por el TSJA, el Ayuntamiento veratense deberá hacer frente al pago de 220.344 euros “por los daños materiales”, estimando así de forma parcial el recurso de apelación interpuesto por la representación del Consistorio de Vera.

Valor de la casa
Entre los argumentos expuestos, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía subraya que el valor de la edificación cifrado por el perito por el importe de 220.334 “es el más ajustado a la realidad, porque no incluye el suelo”, ya que se trata de un “concepto no indemnizable” y reafirma este punto añadiendo que el importe “es el más ajustado a la valoración efectuada por el seguro de daños para la edificación concertado al efecto”.

El fallo, con fecha del 28 de septiembre, también subraya la devaluación de la propiedad al tratarse de una vivienda “ilegal” ante un informe que reclamaba que el valor de la tasación ascendí a los 669.066 euros porque “es el valor de la construcción si fuese legal. Se atiende por este perito el coste de reposición, fijado en 508.568 euros, pero este importe también incluye el terreno (188.064 euros), el coste de construcción (226.060 euros) y otros (55.443 euros). Esta es una de la circunstancias por las que el TSJA ha estimado parcialmente el recurso de apelación fijando finalmente la indemnización en los 220.344 euros.

La cantidad supone prácticamente la mitad de la estipulada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Vera en su sentencia conocida en abril de 2016. En aquel fallo, el juzgado estimó parcialmente la demanda de responsabilidad patrimonial del matrimonio, que inicialmente reclamaba por los daños 602.083 euros mientras que por los daños morales interesaba 200.000 euros.

Daños morales
La petición de indemnización por daños morales quedó reducida finalmente a un total de 9.194 euros, correspondiendo 7.442 euros a los perjuicios de este tipo sufridos por Leonard Prior y 1.751 euros a los de Helen Prior.
Pese a ser una cantidad menor comparada con lo solicitado por el matrimonio, la cantidad queda intacta tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía puesto que “no han sido impugnados por el recurrente” y “se encuentran debidamente avalados por el informe emitido”.

El TSJA tampoco impone a la parte apelante, es decir, el Ayuntamiento, el pago de las “costas procesales” de estos años. La sentencia, contra la que no cabe recurso salvo relacionado con infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea, puede suponer el remate a una lucha de once años que no ha deparado el final más esperado por los Prior ni por el colectivo de afectados.

Decepción entre los afectados
El letrado y portavoz de la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN), Gerardo Vázquez, ha lamentado “sin entrar a valorar los aspectos jurídicos” lo que considera “un palo más para los Prior”. El portavoz del colectivo de afectados por la problemática de las viviendas alegales asegura que “espero por ellos que se finalice pronto su calvario, pues son buenas personas y no merecen este constante goteo de malas noticias”, recordando que el matrimonio de jubilados de origen británico “ya lleva diez años así”. Para Vázquez “su tenacidad es maravillosa; otras personas ya se hubiesen vuelto a su país. De hecho son un ejemplo para muchas personas, pero ya está bien”.