En el marco de una fiscalización de seguridad limitada, referida al ejercicio económico del 2013, la Cámara de Cuentas de Andalucía incluyó en el Plan de Actuaciones para el año 2015 la fiscalización sobre el cumplimiento de legalidad y el control interno de la gestión económico-financiera y contable de determinados ayuntamientos comprendidos en el tramo poblacional de entre 20.000-40.000 habitantes, entre los que estaría el de Vícar.

Un trabajo que ha abordado tres áreas de gestión como la administrativa; la económico-financiera y contable; y la de intervención.

Los resultados
Una vez realizados los distintos análisis, en base a las principales conclusiones extraídas relacionadas con el Ayuntamiento de Vícar, el informe destaca que en el área de gestión administrativa el consistorio vicario “carece de organigrama, de manuales de procedimientos y  de una adecuada política de personal que dote de estabilidad a la plantilla y racionalice el gasto de personal”. Anotaciones en las que también señala la falta “de una regulación para la contratación de personal laboral temporal”.

Por otra parte, saltando a las valoraciones sobre el área de gestión económico-financiera y contable, algunos puntos del informe señalan que el Ayuntamiento “aprueba con 115 días de retraso los presupuestos, no tramita modificaciones presupuestarias y, por tanto, no hace uso de las incorporaciones de crédito”.

Datos que constatarían “la defectuosa contabilización y el erróneo reconocimiento de las obligaciones reconocidas en el capítulo 6 sobre inversiones reales”. Además, “no forma adecuadamente”, ni actualiza, el inventario de bienes de acuerdo con el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales; así como “tampoco cumple con la obligación de suministrar información al Pleno sobre la ejecución del presupuesto y la situación de la tesorería”.

Por último, en cuanto al área de Intervención, el Ayuntamiento “no hace uso de facultad de emitir informes de reparos”. Todo ello, manifiestan, “a pesar de las irregularidades detectadas en las áreas de personal y gestión el gasto”.

Asimismo, el Ayuntamiento de Vícar se acogió a la primera de las fases del Plan de Pago a proveedores, siendo el volumen de obligaciones certificadas de 12.359.757,30 €. En este sentido, el consistorio “no cumple el periodo legal de pago de 30 días en ninguno de los trimestres del 2013” pues el periodo medio tiene un comportamiento ascendente.

En cuanto al registro de facturas implementado en el Ayuntamiento, éste “carece de instrucciones internas sobre su funcionamiento”, de manera que “no se realizan los requerimientos previstos en la norma para la justificación de las facturas”, y el Pleno “no acuerda” la publicación del informe comprensivo del estado de tramitación de las facturas pendientes de reconocimiento exigido por el art. 5.4 de la Ley 15/2010.