El culebrón de la renovación del acuerdo de asociación agrícola entre la Unión Europea y Marruecos entra en una nueva fase, después del último debate celebrado el pasado jueves en la comisión de comercio internacional del Parlamento Europeo (PE). Lo que parecía que iba a ser el punto y final antes de que el convenio sea elevado al Plenario del PE para ser o no ratificado; en realidad, ha sido un punto y seguido. El ponente encargado de estudiar el texto del acuerdo, el eurodiputado francés José Bové, ha abierto una nueva puerta tras concluir que el protocolo es ilegal “porque no es acorde a los tratados internacionales”.

“Hay tres empresas que controlan el 70% de las exportaciones marroquíes, dos de ellas son de capital europeo, esto es contradictorio con la idea de que el tratado beneficiará a los pequeños agricultores alauís”, respondía Bové tanto al responsable de la Comisión como al director del mercado de Perpiñán, que defendían el acuerdo asegurando que hoy día los pequeños agricultores norteafricanos se están agrupando en cooperativas.

Meses atrás el propio Parlamento encomendaba a José Bové el estudio en detalle del texto del nuevo convenio para que los eurodiputados pudieran valorar la conveniencia o no del mismo, cuando tuvieran que votar su ratificación. José Bové ha dado ya a conocer sus conclusiones, todas negativas. “El derecho al trabajo se ve constantemente vapuleado en Marruecos; en un país sin agua, sin embargo, se exportan productos que consumen 25 millones de metros cúbicos; y luego en el Sahara Occidental hay empresas como Azura o Idyl (Soprofel) que trabajan en detrimento de la población saharaui”.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nueva vía

Este eurodiputado, miembro del Grupo de Los Verdes, ha dado un paso más instando a los europarlamentarios a llamar a la puerta del Tribunal de Justicia Europeo, tras sentenciar que el acuerdo no es conforme al derecho internacional y, por lo tanto, es ilegal: “En nombre del artículo 90 párrafo 6 del Reglamento del Parlamento y según el 218 apartado 11 del texto fundacional europeo pido que esta comisión se dirija al presidente del Parlamento para que éste pregunte al Tribunal de Justicia sobre su legalidad”.

Desde este semana, concluido el debate en la comisión de comercio internacional del Parlamento, José Bové trabaja ya en la búsqueda de las 75 firmas de eurodiputados que son necesarias para trasladar el texto agrícola con Marruecos al Tribunal Europeo de Justicia.

Es un paso decisivo, como explica a LA VOZ el secretario provincial de Coag y aliado de José Bové, Andrés Góngora: “No será difícil recabar el apoyo de 75 eurodiputados, que suponen el 10% de la Eurocámara, para poder llevar el tratado al Tribunal de Justicia; además si llega a dicho Tribunal el acuerdo con Marruecos puede paralizarse durante varios años; y si finalmente se demuestra que es ilegal, por el tema del Sahara, no se podrá ratificar”.

La existencia de invernaderos en el antiguo Sahara español, que son explotados por empresas europeas (sobre todo francesas) que se dedican a la exportación sin el beneplácito de las autoridades saharauis, copan las dudas sobre la legalidad del acuerdo. De hecho, distintas resoluciones de la ONU prohíben la explotación de los recursos del Sahara Occidental, si los beneficios no se revierten hacia la población local (saharaui).

Votación final en enero e informe de impacto para marzo

Por último, la comisión de comercio internacional del PE decidió que será en el pleno de enero del Parlamento cuando se vote la ratificación del polémico tratado. Sin embargo, la Comisión Europea (CE) anunció el pasado jueves que está elaborando un informe sobre el impacto que puede tener en la agricultura europea el nuevo tratado agrícola alauí.

La contradicción está en que dicho informe será dado a conocer en marzo cuando el acuerdo ya haya sido votado. “¿Para qué servirá entonces?”, critica Góngora.

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