Los informes técnicos de la Diputación y los de la inspección de la Junta en las instalaciones (24 de enero de 2017) “ponen de manifiesto la necesidad de actuar para corregir los desajustes de la Unidad del Poniente con la realización de las obras necesarias”, ha informado el diputado provincial de Bienestar Social, Ángel Escobar. Por ello, el presidente de la Diputación solicitó por escrito a la Junta de Andalucía su actuación de manera inmediata, ya que “ante la gravedad de las circunstancias , y en base a los hechos descritos en la citada acta, esta Administración considera necesario adoptar con carácter inmediatolas obras necesarias”.

Así, en el escrito enviado a la Delegacion de Igualdad el 7 de febrero Gabriel Amat  señala que “se le requiere para que en un plazo de 10 días, asuma el traslado de los 47 residentes de la Unidad de Poniente a otros centros para evitar las consecuencias que para los mismos puedan derivarse y garantizar los derechos de las personas mayores usuarios afectados por la misma”.

Buen servicio
Escobar ha asegurado que “nuestra única preocupación es seguir garantizando el buen servicio que se está dando a los residentes”, en insiste en que “la Diputación garantiza que haremos todo lo que esté en nuestras manos y nos autorice la Junta de Andalucía, para llevar a efecto nuestro propósito que es mantener la calidad del servicio”.

La Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales no se ha mostrado comprensiva con la llamada de auxilio de la Diputación. En un comunicado, “lamenta la decisión unilateral de la Diputación de Almería de dejar de atender a cerca de medio centenar de personas dependientes que viven en su Residencia Asistida de Personas Mayores. La postura del ente provincial supone un claro incumplimiento del contrato actualmente vigente con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, para el concierto de plazas en este centro y un atentado a los derechos de las personas dependientes que tienen allí su hogar, en algunos casos desde hace décadas”.

En su nota, la Junta acusa a la Diputación y afirma que “trata de usar como excusa para dejar de prestar un servicio al que está obligada contractualmente, situaciones de riesgo para los residentes, que no son más que el fruto de su dejadez en el mantenimiento y control de las instalaciones de la residencia”.

Muy valorada
En cualquier caso, en su nota, asegura que “por parte del Gobierno andaluz existe la firme voluntad de mantener el concierto con la Residencia Asistida de la Diputación, ya que se trata de uno de los recursos de este tipo existentes en la ciudad de Almería y es además un centro muy valorado y demandado por parte de las familias de las personas mayores dependientes de la provincia”.

Por ello, aseguran que “en el supuesto en el que persistiera la dejadez de la Diputación en el mantenimiento de las instalaciones de la Residencia Asistida, esta Delegación tomaría las medidas oportunas para garantizar el servicio”.

A pesar del desencuentro, ambas administraciones coinciden en lanzar “un mensaje de tranquilidad” a las familias de los dependientes ingresados.

Sorprendidos y ofendidos
Estamos sorprendidos por las desafortunadas declaraciones de la Delegación de Salud ante la petición de colaboración que hemos hecho desde la Diputación de manera institucional”, ha explicado el diputado de Bienestar Social, tras conocer la respuesta de la Junta a su solicitud de ayuda.

En su opinión, la Diputación ha actuado de manera inmediata solicitando el realojo de los residentes para poder acometer las obras “que la propia Junta indica como necesarias y obligadas en la Residencia. Por ello, nos sentimos muy ofendidos ante las injurias vertidas por el delegado de salud confundiendo a los familiares, residentes y a la opinión pública sobre las intenciones de la Diputación”, concluye Ángel Escobar.