La movilización de la comunidad educativa vuelve a situarse en el centro del debate sobre el futuro de la enseñanza pública. En un momento en el que diferentes comunidades autónomas están protagonizando protestas relacionadas con la educación, FAPACE, la Federación de Asociaciones de Familias del Alumnado de Centros de Educación Pública de Almería, ha querido recordar la importancia histórica de la movilización social para conseguir avances en los centros educativos y ha expresado su respaldo a las convocatorias previstas para el próximo 11 de noviembre.

La federación vincula estas reivindicaciones con el 40 aniversario de la participación de las familias en los Consejos Escolares, un derecho que, según recuerda, fue fruto de la implicación y las movilizaciones de madres y padres.

“Ningún avance en el sistema público, ninguna bajada de ratios y ninguna mejora en las infraestructuras de los centros educativos de nuestras hijas e hijos ha sido un regalo institucional”, sostiene FAPACE, que considera que estos logros han sido posibles gracias a la presión colectiva.

En este sentido, consideran que “defender la huelga en las aulas es, indisolublemente, defender la educación pública”, a la que describen como un espacio fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades, independientemente de la situación económica o del lugar de residencia de las familias.

FAPACE también se refiere a las críticas que habitualmente acompañan a estas movilizaciones, especialmente aquellas relacionadas con la interrupción de las clases o las dificultades de conciliación familiar. 

Aunque reconoce que estos argumentos forman parte del debate, la federación sostiene que una jornada de huelga puede representar “la lección de ciudadanía más valiosa” para el alumnado, al mostrar la importancia de participar activamente en la defensa de los derechos sociales.

La organización recuerda que detrás de estas protestas existen reivindicaciones concretas relacionadas con el funcionamiento de los centros. Entre ellas señala la falta de profesionales de apoyo para atender al alumnado con necesidades específicas, las elevadas ratios que dificultan una atención personalizada y las deficiencias en determinadas infraestructuras educativas. 

“Nadie renuncia a su salario ni detiene la actividad de un centro escolar por capricho”, subraya la federación.

Por ello, FAPACE considera que el respaldo de las familias y de las AMPAs a las movilizaciones no debe interpretarse como una falta de compromiso con la escuela, sino como una forma de reclamar los recursos necesarios para su funcionamiento. 

La entidad insiste en que la financiación, la disponibilidad de plazas y las condiciones materiales de los centros son cuestiones que afectan directamente a la calidad de la educación que recibe el alumnado.

La federación advierte además del riesgo de normalizar las carencias del sistema educativo y defiende que la participación de las familias debe mantenerse también fuera de los órganos de representación. 

“Una comunidad educativa que no protesta es una comunidad que asume la precariedad como normalidad”, afirma, al tiempo que reivindica la importancia de situar los criterios sociales y educativos por delante de los estrictamente económicos en la gestión de la enseñanza pública.

Con este planteamiento, FAPACE anima a las familias a participar en las movilizaciones convocadas para el 11 de noviembre en defensa de una educación pública de calidad. La federación concluye que estas acciones buscan reclamar “la dignidad y la financiación que la educación pública merece”, insistiendo en que la implicación de la comunidad educativa continúa siendo fundamental para conseguir mejoras en los centros.