En democracia la verdad la establecen los jueces. Y aunque esa verdad no suponga la conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente, sí se establece una base asumible desde la que seguir construyendo el relato de los hechos. Ahora bien, esa “verdad judicial” no es necesariamente una verdad absoluta u ontológica, al estilo de las que establecían los pensadores medievales. Lo que tenemos en realidad es una sentencia en la que se tienen por acreditados unos hechos en base a unas pruebas. Otra cosa distinta es que esa verdad, establecida desde criterios lógicos, se ajuste a lo que moralmente podamos entender como verdad. Verdad judicial es, por ejemplo, que algunas balas puedan tener trayectorias zigzagueantes, tal como quedó plasmado en la famosa Comisión Warren que trató de esclarecer el asesinato de Kennedy. Verdad judicial también fue la sentencia del 11-M, la mayor masacre terrorista de Europa en décadas, zanjada sin que nadie haya determinado aún con precisión la autoría intelectual del ataque. Lo que vengo a decir es que ahora que se escuchan voces en el PSOE almeriense exigiendo retractaciones y disculpas por las opiniones vertidas por el caso de los Cursos de Formación realizados (o no) entre Junta de Andalucía, sindicatos y empresas amigas, no vendría mal esperar a ver si los que ahora tanto piden, asumirán con la misma tranquilidad otras verdades judiciales venideras (o no). Y esas verdades judiciales podrían establecer que algunos tesoreros de algunos partidos políticos jamás dieron a conocer sus cuentas a nadie de la cúpula de dicho partido o que alguna esposa de algún destacado ex-balonmanista (o como demonios se diga) vivía su matrimonio como una bonita historia de amor en la que jamás se hablaba de lo que se ingresaba, de lo que se gastaba o de lo que se declaraba a Hacienda. Y esperen a ver los juicios de algunos ex presidentes de Comunidad Autónoma. Ya digo que son verdades judiciales probablemente venideras, que veremos cómo se toman algunos.