Es probable que en este mismo momento en el que escribo esta columna, se hayan activado los sistemas de alerta inmediata del gabinete de deontólogos de guardia, que probablemente estén redactando ya severas notas de admonición y crítica a la decisión del Ayuntamiento de Mojácar de perseguir y multar el comportamiento grosero y desmedido de los grupos de visitantes juveniles que escogen esa localidad como escenario de juergas, desparrames y todo un amplio catálogo de excesos. Naturalmente, los progres más pluscuamperfectos tirarán de manual para hablar de la defensa de las libertades y los derechos inalienables (algunas veces se refuerza este argumento diciendo que sus mayores –no los de los demás- los pagaron con sangre, exilio y penurias de todo tipo, por lo cual ellas y ellos han heredado la potestad absoluta para decidir qué es o qué no es un derecho) y criticar así al equipo de Gobierno que, mire usted por dónde, es del PP. Ya se pueden imaginar la índole de las críticas: “Alcaldesa del PP coarta las libertades de los jóvenes”; “La derecha, contra el turismo”, etcétera. Pues qué quieren que les diga: a mí me parece correctísimo que el Ayuntamiento de Mojácar haga lo posible por evitar que ese pueblo acabe contagiado por el turismo gamberro de francachela y muñeca hinchable que tantísimo daño ha hecho a la proyección de algunas localidades mallorquinas o de la Costa Brava, asoladas literalmente por escandalosas oleadas de zangolotinos españoles y foráneos que van allí a desbarrar lo que en sus casas –con buen criterio- no les dejan. Y ni libertades, ni derechos: ordinariez, mal gusto, vulgaridad y pésima imagen. Esos son los pilares que sustentan a ese tipo de turismo maleducado y etílico que tan sólo aporta pan para hoy y resaca para mañana. Y a los que se pongan muy intensos con el tema, recordarles que están poniendo a Tomás Jefferson, a Tocqeville y a la Constitución Española, a la altura de una diadema coronada con pichas de goma.