Como todo el mundo sabe, la transparencia no sólo es la cualidad propia de algunas materias que permite que pueda verse a través suya, sino que es una de las piedras angulares sobre las que se sostiene el edificio argumental de todo buen progresista. Y si hablamos de progresía, no hay en el mundo mundial ningún otro organismo o administración que iguale o se asemeje a la Junta de Andalucía, que es a la trasparencia lo que el pie derecho de Cristiano Ronaldo a la historia de los lanzamientos de falta. Tan en serio se toma la Junta de Andalucía el tema de la trasparencia, que hasta ha creado y dotado económicamente un Consejo de Transparencia, tal como recoge el artículo 43 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Es decir, que el cristal de Bohemia es un elemento turbio y borroso en comparación con la diáfana claridad que emana de toda declaración o acto en los que tenga que ver la Junta de Andalucía. Como prueba de ello, en la reunión del Foro de la Alcazaba convocado por la Junta a raíz de las últimas noticias conocidas sobre el estado del principal monumento almeriense (derrumbes en las murallas y daños provocados en la misma por el montaje de un escenario) la delegada de Gobierno de la Junta, Gracia Fernández, expulsó educadamente a los periodistas que intentaban asistir al encuentro. Cita que, por otra parte, apenas dedicó siete minutos cronometrados a analizar estos hechos. Además de que nadie podría discutir ahora que este tipo de vetos esconden el pánico de la Junta a que se conozca en realidad lo que hacen y, sobre todo, lo que no hacen en la Alcazaba, surgen espontáneas, como los matojos sobre las murallas de San Cristóbal, dos sencillas preguntas: 1) ¿De qué no quería la señora delegada que se enterase la prensa? y 2) ¿En qué epígrafe del articulado del Consejo de Transparencia se recoge la expulsión de los periodistas de los espacios que son, como dijo la señora delegada “un espacio para la participación de la ciudadanía, pero constructivo”?