Un juez ha archivado la denuncia contra varios guardias civiles que, cumpliendo órdenes, obligaron a bajar con sus porras a un subsahariano encaramado en la valle de Melilla al que inmediatamente trasladaron semiinconsciente a territorio marroquí, en lo que se ha venido llamando de forma incorrecta "devoluciones en caliente". Como su caso ha habido muchos más y tan consciente era el Gobierno español de que eso era ilegal que introdujo una enmienda en la Ley de Seguridad Ciudadano o "Ley Mordaza" para reformar la Ley de Extranjería e introducir el "rechazo en frontera" que, para muchos sigue siendo tan ilegal, por no respetar los derechos de las personas, como las anteriores devoluciones por la fuerza.
La razón fundamental del archivo del caso por el juez es "la falta parcial de acerbo probatorio". Y no es que no haya imágenes y hasta videos  para demostrar lo que todos sabían que pasaba, sino que, como es natural, no han podido declarar los inmigrantes que fueron entregados a los agentes marroquíes sin ningún trámite ni identificación. Nadie les puede citar, nadie les ha buscado y, como es obvio no han podido presentarse a declarar. No puede proseguir la causa por falta del testimonio de los expulsados. No es contra los guardias civiles contra quien se actúa sino contra quien legisla injustamente. La Abogacía ha recordado que las devoluciones en grupo están expresamente prohibidas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que no es un problema jurídico, sino de medios. No se discute que se pongan vallas o que se controle el tránsito sino el procedimiento cuando, además, la persona está ya en territorio español.
La sentencia del juez de Melilla no es un aval para proseguir con las expulsiones en caliente ni avala comportamientos de fuerza. Es, simplemente, el reconocimiento de la impotencia de la Justicia cuando se ha hecho todo lo posible para que una de las partes afectadas no pueda ejercer su derecho a la Justicia. Si España y Europa no hacen frente a este problema de otra forma, ni las vallas ni los túneles -el premier Cameron es otro ejemplo de cómo no hacer las cosas- ni las leyes impedirán que los que huyen de la pobreza o de la persecución acaben llegando a nuestra tierra privilegiada.