La conmemoración de un nuevo aniversario de la Constitución ofrece un marco oportuno para recalcar que su reforma no puede ser fruto de una necesidad partidista ni tampoco de una ocurrencia llena de inconcreciones, como parece estar planteando últimamente el Partido Socialista. De hecho, después de un año de debate no conocemos el contenido exacto de lo que proponen, además con carácter unilateral y sin acuerdos previos. No es la mejor modo ni la fórmula idónea de abordar el debate sobre los cambios que eventualmente pudieran producirse en el texto constitucional vigente desde 1978. Nuestra Constitución fue de todos y para todos y por tanto cualquier propuesta de reforma tiene que ser también de todos y servir igualmente para todos, y no para resolver los problemas de equilibrio interno y proyección interna del Partido Socialista, tal como puede deducirse de las imprecisas propuestas de sus nuevos dirigentes. Por otro lado, no se puede olvidar que en estos momentos la reforma constitucional no forma parte, en modo alguno, de las preocupaciones y prioridades de la sociedad española, así que no parece necesario ni prudente poner en juego el marco de estabilidad y convivencia, así como empezar a modificar el modelo territorial sin saber exactamente hasta dónde se quiere llegar y cómo hacerlo. Lo cierto es que aunque ahora algunos de sus detractores no quieran reconocerlo o que incluso alguno de ellos desbarre lamentablemente, como hemos visto recientemente en Almería, la Constitución española de 1978 ha posibilitado, como pieza clave y esencial de nuestro sistema democrático, una gran transformación política, económica y social de España. Desde entonces los españoles disfrutamos de un marco legal basado en un amplio consenso, abierto a la protección y garantía de los derechos y libertades individuales y colectivas. Por primera vez en nuestra Historia, logramos una Constitución en la que todos los sectores de opinión, todas las fuerzas políticas, económicas y sociales podían ver reconocidas sus legítimas aspiraciones y derechos sobre la aceptación recíproca de los principios y valores en los que se basan los sistemas democráticos. Por eso, un año más, quiero aprovechar este aniversario para reafirmar nuestro compromiso y nuestra convicción en los valores democráticos y en la prevalencia de la tolerancia y el diálogo como bases fundamentales de nuestra convivencia y nuestro progreso frente a la intolerancia, el fanatismo y cualquier forma de imposición o violencia. Es una voz que, a mi juicio, refuerza los valores cívicos propios de la Democracia y que explica que el modelo de Estado que emana de la Constitución de 1978 está plenamente vigente y, por tanto, sigue siendo un instrumento útil y eficaz para continuar por el histórico camino de desarrollo y progreso en el que queremos seguir viviendo.