El debate sobre la limpieza de las ciudades es un clásico que, como toda tradición, conserva una serie de reglas establecidas por la costumbre. Me refiero al uso político de la pulcritud urbana como herramienta de desgaste sobre los equipos de Gobierno. La primera norma de este género es la afirmación taxativa de que la ciudad de la que se habla está sucia. La segunda es responsabilizar de dicho estado al alcalde o alcaldesa que haya en ese momento. La simplificación del argumento es tan demoledora como sencilla: cualquier destrozo, encharque, inmundicia o cochambre será resultado directo de la inacción o pésima gestión del regidor o regidora. Y la tercera es la exclusión del factor vecinal de esta polémica. Quizás las principales características de este viejo debate sean el empeño por señalar la porquería antes que al puerco y en centrar la responsabilidad en el que debe recoger antes de en quien no debería ensuciar. Hay verdadero pánico entre los políticos que aspiran a desbancar a un equipo de Gobierno a hablar del comportamiento, actitud y civismo de los vecinos, especialmente de los de algunos barrios que son patrullados a diario por retratistas fecales a la caza de delicuescencias que poder mostrar en internet. Pero de todos es sabido que, salvo en la fenomenología paranormal, los detritos no caen del cielo como si de una maldición bíblica se tratase, sino que en realidad son abandonados o esparcidos por vecinos escasamente solidarios y plenamente merecedores del calificativo de guarros. Quizás me equivoque, pero creo que la verdadera eficacia de la denuncia debería ocuparse no sólo de zurrar legítimamente a quien gobierne, sino también en censurar en términos igualmente firmes el comportamiento de esos vecinos que hacen ostensible gala de su escasa fineza y nula instrucción. No pasa nada por llamar marrano a quien como tal se comporta.