No estoy en contra de que el presidente de la Diputación de Almería, Juan Carlos Usero, firmara un convenio con Ramón Sedeño, presidente del voley e imputado en el caso, para apoyar al equipo que tantas victorias nacionales y europeas le está aportando a Almería. Pero lo que hay que pedirles a estos representantes políticos y deportivos, es que lo hagan de la forma más clara y legal, que no aparezca al cabo de unos años con que se han pagado unas deudas (veinticinco mil euros) del equipo con facturas falsa, como nos acabamos de enterar.

Si hasta para el deporte nuestros políticos han tenido que falsificar facturas en Almería, ya me pueden decir ustedes a partir de ahora de quién y de qué nos podemos fiar. La vida va poniendo a cada uno en su sitio. Y en qué sitios, diría uno. Esperemos al final...

No todos los políticos son iguales. Cierto es. No todos. Pero cada día conocemos una nueva historia en la que han cazado a otro, lo que al final no les deja muy bien a los demás. Lo de las facturas va camino de los cuatrocientos mil euros. Y nadie se daba cuenta de lo ocurría.

Mucho me temo que la secretaria se coma el marrón, si no tiene forma de probar que el superior era consciente de lo que pasaba con las facturas, los viajes falsos y lo que es peor, el uso de nombres de personas en esos viajes que no tenía conocimiento de que se le estaba usando para falsificar viajes y facturas.

Me temo que los políticos, como ya ha hecho alguno, salga con aquello de que firmaba sin leer lo que le ponían delante, que tenía toda la confianza en la persona que le presentaba los documentos. Vamos, que el señor político se defiende dejando ante la opinión pública la duda de que él, presuntamente, ha sido engañado a la hora de dar el visto bueno a viajes falsos y sus facturas.

Me cuesta trabajo creer que un político no sabe lo que está ocurriendo en su departamento en algo tan importante como tapar un agujero de más de cuatrocientos mil euros. No cuela. No se tapa fácilmente un agujero así. No se le ocurre al currito de turno. No se atreve si el jefe no se lo manda y le apoya. Pero está claro que las pruebas de ese conocimiento no se tienen, por lo que la funcionaria puede pagar el pato si no es capaz de probar que ella hacía lo que le mandaba el jefe. La cuerda casi siempre se rompe por la parte más débil.