Mientras se suceden las bienaventuranzas sobre la sedicente eficacia y transparencia administrativa de la Junta de Andalucía y la presidenta Díaz se convierte en el mejor remedio mundial contra el párkinson de tantas veces que anuncia eso de “no me temblará la mano”, la realidad contable de esta santa y paciente tierra es bien distinta. De hecho, la Junta mantiene en el presupuesto de 2014 una partida de unos 3.000 millones de euros (hagan la cuenta de lo que se podría hacer con esa pastizara) para financiar un total de 281 entes de ese otro universo paralelo y constelado de consorcios, observatorios, fundaciones, oficinas, agencias y demás chiringuitos para familiares, compañeros y amigos del PSOE. Entre todas esas aportaciones a la ingeniería laboral, me llamaba la atención el sostenimiento económico de la Junta a la denominada “Fundación Andaluza del Alcornoque”, que en una primera pasada me parecía como un generoso homenaje a cuanto zopenco vivaquea y trisca en el presupuesto andaluz. Pero hablo en pasado. Mis dudas acerca de la necesidad de la Junta de potenciar la industria extractiva procedente de este árbol se disiparon de un taponazo al leer una noticia impactante: las investigaciones policiales de la UDEF sobre la malversación y el fraude de los fondos para los cursos de formación en Andalucía han descubierto que en muchas ocasiones el Servicio Andaluz de Empleo burlaba la obligación de publicar las ayudas para estos cursos… ¡colgando las convocatorias en un corcho! No está mal para una administración que alardea día tras día de ser la más transparente y accesible del mundo mundial. La pellejería de semejante treta legal radiografía con diagnóstico incontestable no sólo a los cargos que ordenan actuar de ese modo, sino especialmente los niveles de cachondeo y desatino en los que una casta de rufianes ha sumido a Andalucía.