Poca credibilidad le aporta al Gobierno la polémica del ministro Cristóbal Montoro con las ONG que denuncian el agravamiento de la pobreza en España. Por si fuera poco, el Ejecutivo de Madrid asegura a la Unión Europea que la pobreza se ha reducido en dos décimas en el último año. Cáritas -esa “organización de ultraizquierda”, según ironizaba ayer Rubalcaba en Valencia, “le ha estropeado al Gobierno la fiesta de la recuperación”. En expresión aragonesa, le “chafó la guitarra”. Con sus datos reveladores de la fractura económica que la crisis ha provocado en España, Cáritas -una de las organizaciones que mayor prestigio goza y mayor labor de cohesión social desarrolla- ha descrito la situación en la que se encuentra más de un millón de familias en España como de pobreza severa.

El informe de Cáritas ha coincidido, además, con la decisión de Fomento de rescatar las autopistas radiales de Madrid, un mal negocio que ahora se imputará, como es habitual, a los ciudadanos. El dibujante Forges, que está celebrando medio siglo de dedicación profesional a retratar el país, pintaba ayer un campo desolador en el que un niño pobre pregunta: “Abuelo, cuando rescaten las autopistas esas ¿nos las podremos comer?”

Es la dureza de la situación actual: hay dinero detraído por el Estado a los ciudadanos para rescatar bancos y cajas de ahorro, sin apenas exigencia  de responsabilidades a los malos gestores, y ahora rescate de autopistas ruinosas, mal planificadas. Quizás lo más irritante para Montoro haya sido una frase del portavoz de Cáritas, Francisco Lorenzo, jefe del Servicio de Estudios: “Con el dinero que se va a dedicar a rescatar autopistas, se podría resolver esta grave situación de pobreza infantil que afecta a 700.000 familias.” Eso es lo que pasa hoy en España y admite pocos matices, por más que sea cierta la afirmación del ministro de que la pobreza solo se supera con empleo y desarrollo. Argumentaba Montoro, que si no se rescatan esas autopistas, el Estado perderá 3.700 millones. Entonces habrá que revisar quién metió al Estado en ese negocio tan dudoso en rentabilidad.

Entretanto, en el otro frente político abierto tras la vandálica agresión de un grupo de manifestantes antisistema contra la policía, la vicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría ha puesto freno a la pretensión de la alcaldesa Ana Botella de limitar el derecho de manifestación creando un “manifestódromo” en algún lugar alejado del centro. Por suerte, los reflejos de la vicepresidenta evitaron la apertura de otro frente que se sumaría al de Ceuta.