Asistimos estos días a enormes polémicas cuyo centro es la defensa de los derechos de las personas frente al derecho de las sociedades a defender sus leyes y unas normas de convivencia adecuadas.

Es evidente que necesitamos unos procedimientos que respeten los derechos de todos y una legislación que nos proteja y nos asegure una estabilidad imprescindible para una sociedad próspera y desarrollada. Pero todas esas leyes y normas deben tener como centro irrenunciable la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas por encima de su status legal.

No es misión de una Institución como Cruz Roja la denuncia o la reprobación de acciones que puedan vulnerar nuestra convivencia armónica, máxime cuando trabajamos codo con codo, día y noche, con miembros de las fuerzas de seguridad y somos testigos de su entrega y humanidad en el rescate y atención de las personas que llegan a nuestras costas. Pero sí debemos hacer la reflexión que evite que la defensa de nuestras normas sean incompatibles con los derechos más elementales de las personas.

Los países y sociedades del llamado primer mundo deben implicarse con energía en favorecer el desarrollo de aquellos otros cuyas circunstancias políticas, sociales y económicas hacen que sus ciudadanos se vean obligados a emprender un viaje migratorio que nos haría estremecer con solo pensarlo.

Solo el esfuerzo solidario del mundo desarrollado, con el final de la explotación irracional de los recursos naturales ajenos, la puesta en marcha de acciones decididas de democratización, de educación y de distribución equitativa de la riqueza en esos países podrá ofrecer a sus habitantes un futuro como el que todos aspiramos, en nuestra propia tierra y junto a nuestros familiares y amigos.

Paralelamente debemos trabajar en el establecimiento de flujos migratorios regularizados que hagan de la experiencia migratoria una forma legal y humana de mejorar sus condiciones de vida, colaborar con los países del norte de África en la lucha contra las mafias migratorias, en la atención humanitaria al otro lado de la frontera y evitar que estas personas pongan en peligro su vida y su integridad física o caigan en las redes de trata de seres humanos para su explotación laboral y/o sexual.

Es lícito y necesario preservar nuestra seguridad y legalidad y no debemos renunciar a regularizar la entrada de personas a nuestro país, evitando situaciones que pongan en peligro la integridad y la dignidad de las personas. Ese complicado equilibrio entre derecho y derechos debe ser nuestra aspiración como sociedad desarrollada y solidaria.