El pasado día 26 de septiembre, organizado por la Excma. Sra. Presidenta de la Audiencia Provincial, tuvo lugar la celebración en Almería de la 2ª edición del inicio del año judicial, que va dirigido principalmente a reunir a los diferentes operadores jurídicos.

Esta edición ha sido diferente, pues en el ánimo de todos se contempla con incertidumbre la profunda reforma legislativa que se avecina, la cual va a suponer un terremoto, dada la profundidad y extensión de las reformas que se atisban.

Ya algunas están siendo aplicadas como la Ley de Tasas, que menos de un año  ha supuesto una restricción del derecho al acceso a la justicia por parte de los ciudadanos.

Otra reforma a la vuelta de la esquina es la Ley de Servicios Profesionales. Con ella se pretende “mejorar la competitividad”, y contempla la innecesariedad de colegiación para ejercer profesiones que hoy en día es obligatoria dicha colegiación, pero también supondrá que la colegiación de los abogados solo se limite a aquellos que actúen ante los tribunales y para los que presten  asistencia jurídica y no mantengan relación laboral con el asesorado, contempla un régimen de intervención en los Colegios desmesurada y desproporcionada.

También recoge la compatibilidad de las funciones de abogado y procurador, ante lo cual los procuradores han procedido a manifestar su oposición, surgiendo algunas voces de personas de reconocido prestigio en apoyo del mantenimiento del actual estatus de la figura del  procurador en la condiciones que avalan su permanencia en su actuación ante los órganos judiciales.

Por otro lado el gobierno ya ha enviado al Parlamento una reforma del Código Penal, y recogiendo las palabras de Joaquín Bosch portavoz de Jueces para la Democracia “se plantea un endurecimiento general de las penas.  Nuestra sociedad no necesita más presos, sino más trabajo, mejor cobertura de las necesidades básicas y que se garanticen los derechos. Para el gobierno, el ciudadano que protesta es el enemigo.”

Pero existen otras reformas de gran repercusión que también se están gestando, como la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial o la de Demarcación y Planta Judicial, que van a suponer un cambio en las funciones del Juez Instructor y el Ministerio Fiscal  en la instrucción penal, o la supresión de las Audiencias Provinciales, la concentración de todos los juzgados en la capital de provincia.

No es de extrañar por tanto que se muestre malestar por las personas que trabajan en la administración de justicia o aquellos que tienen una relación directa con la misma como abogados y procuradores, pues la reformas darán un vuelco, y no para bien, a nuestro sistema de justicia.