Si usted pasa por la calle Arapiles, en la capital, no olvide decir -patata- y meter tripa mientras alguna de las nueve potentes cámaras que ha instalado en su sede la Delegación de Hacienda de la Junta de Andalucía, le graba. Ya sé que usted es un ciudadano anónimo que va caminando tranquilamente con su compra, con sus niños o con su novia y que, en teoría, su paseo no debe importarle a nadie, pero asuma con buen talante que nuestro gobierno autónomo le escrute por detrás y por delante. Dicen desde la Junta de Andalucía que este dispositivo, que por cierto está siendo investigado por la Agencia de Protección de Datos dado lo desproporcionado del mismo, obedece a las necesidades expuestas en un estudio que detectó -la vulnerabilidad del edificio ante el riesgo de intrusión.- No digo yo que no haya quien, pensando en la Hacienda autonómica y sus recaudatorias manías, no tenga pensamientos relativos a la intrusión e incluso a la introducción, por ejemplo, de un tronco de olivo por salva sea la parte. Pero no voy a eso. Vengo a fijarme en la minuciosa labor fiscalizadora del ente no ya sólo en su interior, sino también en su exterior, y en toda la carga de incomodidades civiles que supone saber (y lo que es peor todavía, no saber) que te estén grabando cuando pasas por según qué sitios, registrando la hora. Ya puestos, podrían haber puesto una de esas nueve potentes cámaras en las dependencias de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta, a ver si en alguna grabación aparecen los que entraban y salían con esos cheques que supusieron la volatilización de 300.000 euros. Seguro que esas imágenes tienen mucho más interés.