Acaba de constituirse en el Parlamento Andaluz la esperada comisión de investigación que intentará esclarecer lo sucedido en torno a los ERES y ayudas otorgadas a empresas en crisis por la Junta de Andalucía entre los años 2001 y 2010. Como ven, se trata de un hecho de doble trascendencia histórica. De un lado, es la primera vez que se va a poner en marcha un organismo de estas características en un Parlamento que, hasta ahora, tan sólo ha servido como mera caja de resonancia a los partidos políticos en función de su número de escaños. Por otro lado no hay que olvidar que la comparecencia de los presidentes Chaves y Griñán -necesaria para cualquier posibilidad de desenredo del asunto- ha sido celosamente vetada por PSOE e  IU, lo cual otorga a este órgano la categoría de histórica pamplina. Lo cierto es que el PSOE ha montado esta performance parlamentaria para cubrirse las espaldas y permitir que sus socios de IU -en estado de postración sensorial desde que pisaron las mullidas moquetas del poder- puedan justificarse ante sus combativas bases: "prometimos una comisión y aquí la tenéis, camaradas". Y si, a pesar de todo, alguna mente cándida albergaba esperanzas acerca de la utilidad real de esta comisión, ya puede ir abandonándolas: en estos momentos lo que se debate en ella es si se trabaja o no en verano. Si finalmente la comisión decidiera trabajar en julio deberían pedir que se habilite ese mes, que es inhábil por vacaciones parlamentarias. Ya ven el percal. Digo esto con antelación suficiente para cuando algún desahogado pretenda hacer pasar como eximentes de delito los dictámenes de esta comisión imposible.