Los programas electorales con los que los partidos políticos se presentan a unas elecciones representan un compromiso con los ciudadanos, como también los presupuestos que aprueban las administraciones. Si bien esto es cierto, no lo es menos que ambos se basan, en alguna medida, en previsiones ante un escenario más o menos determinable: qué se quiere hacer, en el primer caso, o qué se quiere hacer y cómo se va a financiar, en el segundo.

Una cuestión diferencial entre unos y otros reside en que los primeros forman parte de un compromiso en el que se espera confiemos y los segundos están, además, aprobados en los órganos de máxima representación de las administraciones, lo que entraña responsabilidad para quienes los votan y para quienes los ejecutan.

Los datos sobre los que se elaboran y las circunstancias externas pueden ser cambiantes, razón que suele justificar que ni programas ni presupuestos terminen por representar siempre verdades absolutas. Y aunque la planificación en las organizaciones no es una foto fija, sino la descripción de la ejecución de una estrategia en un entorno dinámico, ambos son exigibles, pero conviene hacer trascender que la cantidad y calidad de la información disponible para su elaboración no es siempre la misma.

No es infrecuente que los políticos en la oposición destinen más tiempo a criticar los presupuestos presentados por los partidos que gobiernan que a estudiar la cuenta general consolidada que aprueba cada año cada administración, lo que viene a significar que se da mucha importancia a lo que se dice que se va a hacer pero poca a verificar si lo que quienes gobiernan dijeron que se iba a hacer, se ha hecho. Nunca he terminado de entender por qué no se da más valor a comprobar la capacidad de gestión y la veracidad de los compromisos aprobados en los órganos de representación.

En demasiadas ocasiones nos falta información, y ésta es exigible. Durante los últimos gobiernos del PSOE en el Estado, se nos dijo que se iban a invertir 3.079 millones de euros en Almería, pero sólo se ejecutaron 1.228. La propuesta parecía interesante, pero terminó siendo ficticia: de lo que nos prometieron y aprobaron, se han dejado de invertir 1.886 millones de euros. De quedarnos en el compromiso que el PSOE adquirió con Almería, estaríamos ante un engaño. Es necesario comprobar qué se ha hecho, que en el caso del PSOE, es menos que lo que se ha dejado de hacer.

Con frecuencia, políticos y ciudadanos emitimos queja sobre el incumplimiento de los programas electorales. Pero conviene no quedarse en la crítica facilona, no trivializar ni perder el necesario ejercicio de exigir transparencia e información veraz, no conformarnos con creer, a pies juntillas, datos interesados que no se puedan contrastar.

Cuando el equipo de Mariano Rajoy elaboró el programa electoral con el que el PP se presentaba a las elecciones generales, lo hizo sobre la base de una información que se había dado como cierta no sólo a la ciudadanía sino, documentada, a la Unión Europea. El gobierno saliente del PSOE llegó a comunicar en Bruselas que el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas españolas sería del 6%. ¿Cómo pensar entonces que este dato no era cierto? Era del 8,5%, dos puntos y medio más, lo que supone una desviación inconmensurable.

El PP partió de información falsa, la que le había dado el gobierno saliente del PSOE, para elaborar su programa electoral. Pero, ¿de qué información partía el gobierno de la Junta de Andalucía? ¿No están acaso los datos con los que el PSOE el