Me persigue un enigma desde hace tiempo, y es llegar a dilucidar si Gallardón era “progre” o solo un redomado oportunista a la  sazón. En tiempos de su pugna escaladora con Esperanza Aguirre llegaron a decir que el ministro de Justicia era el más “socialista de los populares”.  Y así lo creí de buena voluntad dado su talante cultural y amigo de lo que se mueve.

Hoy me pregunto si no habrá sido su propio partido el que le ha obligado a ser conservador hasta las cejas e incluso un pelín facha. El caso es que jueces, fiscales y letrados anuncian movilizaciones en toda España para protestar por la subida de tasas decretada  por Gallardón. En el variopinto y divertido “manifestódromo” de todos los días en esta España devota de Frascuelo y de María solo faltaban los hombres de la justicia para completar el aquelarre de la contestación que no cesa. Bueno, no todos, faltan los obispos, qué raro que no aparezcan, parece que ese folklore de sotanas y estandartes solo se lo permitían contra el masonazo Zapatero. Un  problema más enmascarado bajo el ropón de la crisis. Parece que se está hablando de dineros, pero, como indica Rubalcaba, el resultado final es un retroceso del sistema de derechos y libertades. Es impropio de esta nota mañanera perderse por los berenjenales jurídicos de los palacios de justicia. Me hago cargo que  anda controvertido el asunto y no soy quién para desliar la madeja. Mi sensibilidad de paria me obliga, no obstante, a ponerme de parte de los de abajo con la  tutela del Consejo General de la Abogacía y la Comisión de Jueces y Fiscales que luchan para que se declare “la inconstitucionalidad de la ley”.