“La mayoría de los hosteleros de Almería cumple, pero hay piratas explotadores”

La hostelería ha estado en el centro de la polémica en los últimos meses, tras las alertas empresariales sobre la falta de mano de obra, sobre todo en el caso de los camareros. A esta alerta continuó un aluvión de respuestas en medios y redes sociales de trabajadores que lamentaban, por su parte, que si las empresas no encuentran camareros no es porque no haya personas dispuestas a trabajar, sino por las precarias condiciones laborales que se les ofrece. En esta polémica ha sido inevitable que haya vuelto a ponerse sobre la mesa también la economía sumergida y una posible explotación a muchos trabajadores. 

Si bien la presencia de la patronal y de los trabajadores es frecuente en redes y medios de comunicación, es más complicado que profesionales y altos funcionarios que conocen en profundidad este sector se pronuncien públicamente sobre estos asuntos. Entre ellos, pocos pueden existir más cualificados en Andalucía y en Almería que el almeriense José Antonio Amate Fortes, inspector de Trabajo desde 1999, quien ha desarrollado esta labor en las provincias de Almería, Melilla y Sevilla -en las dos últimas  ha sido jefe del servicio-. Por si esto fuera poco,  ha ejercido distintas responsabilidades en la Junta de Andalucía siempre relacionadas con la prevención, las relaciones laborales y el empleo: ha sido director general de Seguridad y Salud y director gerente del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales; y director general de Políticas Activas de Empleo. 

Como conocedor a fondo del sector, Amate deja bien claro desde el principio que “en Almería la inmensa mayoría de los hosteleros cumplen y quieren cumplir con las normas, aunque lamentablemente también tenemos ‘piratas’ que explotan a los trabajadores”.

Esta explotación puede ser de distintas maneras: la más básica es la de trabajar en negro, aunque es también la más arriesgada, de forma que muchos empresarios optan por firmar contratos por unas horas, aunque en la práctica pueden ser muchas más, e incluso jornadas completas. Como dice el inspector, “es muy difícil demostrar que un camarero contratado por dos horas, por ejemplo, no esté haciendo horas complementarias, como suelen decir los hosteleros cuando son descubiertos”.

Atados de pies y manos

Amate llega a decir que los inspectores “están muchas veces atados de pies y manos”, además de contar con muy pocos medios y personal para controlar lo que define como “la esclavitud del Siglo XXI, que es trabajar sin estar dado de alta”.

El inspector cree que con los medios actuales es imposible llegar siquiera a una mínima parte de las estafas. “Tenemos un inspector por cada 30.000 empresas, es literalmente imposible abarcarlo todo”, afirma. De ahí a que advierta a la Administración de la importancia de incrementar las plazas de este cuerpo, que es sin duda uno de los más rentables para el Estado, aunque paradójicamente es también uno de los menos dotados. “Parece increíble, pero inspectores que aprobaron su plaza en 2020 no se van a incorporar hasta enero de 2023”, alerta.

Pequeños propietarios

Esos ‘piratas’ de los que habla José Antonio Amate serían en su práctica totalidad “pequeños propietarios de bares o restaurantes”. No habría ninguno, por tanto, según dice, entre las grandes cadenas, que obviamente están más expuestas a las inspecciones y a las consecuencias y repercusiones que puede tener ser descubiertos en un fraude.

Y a pesar de que defiende que la mayoría de los empresarios cumplen las normas, el inspector considera, por otro lado, que también es cierto “que muchos de ellos podrían mejorar las condiciones laborales, y no solo vía salario – “paguen más”-  sino también en lo que se refiere a horarios” y a facilidades de conciliación de vida profesional y familiar. “Se quejan de que no encuentran camareros pero también es cierto que muchas veces las condiciones que ofrecen no son las más adecuadas”, concluye.   

Aunque en una reciente entrevista para el programa ‘Equipo de investigación’ de La Sexta José Antonio Amate aseguró que se ha llegado a encontrar a trabajadores contratados ilegalmente escondidos  en armarios empotrados para no ser descubiertos por los inspectores, precisa que él personalmente no lo ha vivido en Almería. “Allí sí me ha pasado en la agricultura, cuando he llegado a invernaderos y ha salido la gente corriendo, a pesar de acudir acompañado por la Guardia Civil”.

“En la hostelería almeriense el fraude más frecuente es el de personas que sirven copas sin estar dadas de alta o que están contratadas por unas horas pero en realidad trabajan muchas más”, insiste. Y advierte de que, por estos fraudes y  también por falta de inspectores, el Estado pierde millones de euros cada año”.