¿Quiénes son los elegidos para ‘solucionar’ la deuda del Obispado de Almería?

Un decreto firmado por el obispo de la Diócesis, Antonio Gómez Cantero, el pasado 22 de junio y publicado en la web en el día de ayer pone fin a una de las incógnitas episcopales tras conocerse que la deuda total de la Iglesia en Almería asciende a 29 millones de euros: quiénes serán los encargados de pilotar la gestión económica de la deuda antes de que se produzca una auténtica catástrofe.

Así, el prelado ha nombrado una comisión de asesoramiento técnico formada por tres hombres -ninguno de la propia Diócesis de Almería- cuyo primer objetivo será “elaborar un plan de viabilidad económico para la Diócesis de Almería”.

¿Quiénes son esos tres elegidos? El primero de ellos, y coordinador del propio comité es un expolítico catalán: Xavier Pomés.

Este asesor fue consejero de Gobernación de la Generalitat de Catalunya entre 1995 y 1999; consejero de Interior entre 1999 y 2002 y consejero de Sanidad y Seguridad Social hasta 2003. Todo ello, en gobiernos autonómicos presididos por Jordi Pujol.

Cercano a la Conferencia Episcopal Española, Pomés lleva meses alrededor de la gestión de la crisis económica de la Diócesis de Almería, siendo el enlace entre la Iglesia almeriense, la Conferencia Episcopal y la consultora Deloitte, encargada de realizar la auditoría.

El segundo nombre elegido es el de David Martín Casero, actual director de compras de la Conferencia Episcopal Española.

Tras una trayectoria en el mundo de la consultoría, Martín Casero fue interventor de la Universidad Pontificia de Salamanca y miembro del consejo de administración de COPE hasta su salto a la propia Conferencia Episcopal.

Lo cierto es que Martín Casero también es un experto en situaciones como la de Almería: en enero de 2022, este miembro del equipo económico de la Conferencia Episcopal fue nombrado por el obispo de Zamora interventor económico, patrimonial y de recursos humanos de la diócesis castellana para “diseñar un plan de viabilidad que permita a la Iglesia de Zamora afrontar el futuro de manera sostenible”.

El último de los tres nombres es el del empresario cordobés Antonio Jesús Gil Márquez.

Hombre de Iglesia que ha hecho de la fe su estilo de vida (la prensa cordobesa recoge que en 2010 tenía 13 hijos) ligado a la diócesis cordobesa, Gil Márquez se dedica al mundo de la automoción y, también en 2010, era la cabeza visible de un grupo que englobaba por entonces un total de seis concesionarios de distintas marcas de vehículos (Renault, Dacia y Peugeout, entre otros) y contaba con cerca de 200 empleados.

Sus funciones

El decreto episcopal recoge que, además de elaborar el plan de viabilidad, sus funciones pasan por “aportar propuestas técnicas de viabilidad para este plan; impulsar y realizar un seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo, de acuerdo con los términos aprobados y acordados; evaluar el desarrollo del plan, para alcanzar la consecución de los objetivos fijados”; y, por último, “proponer eventuales modificaciones o adaptaciones en aras de una mayor efectividad”, recoge el decreto.