Alfonsas prendió el motor del camión de matrícula lituana la noche del 26 de febrero. Entonces no imaginaba que unos días más tarde una pandemia pararía el mundo y los controles de carretera florecerían en cada cruce para hacer cumplir las restricciones de movilidad.
La mercancía valía el viaje. En un hueco oculto en el remolque, el camionero escondía un cargamento de cogollos de marihuana envasados al vacío, que debía transportar desde Almería hasta un punto desconocido.
A las 21.34 horas, según la investigación desarrollada por la Guardia Civil, un vehículo oficial presuntamente pilotado por los agentes R. y J. paró el camión en la Autovía del Mediterráneo, a la altura de la Venta del Pobre, en el límite de la demarcación de Níjar a cuyo cuartel pertenecían los dos guardias civiles.
La patrulla, con sus armas reglamentarias, colocó el camión entre dos naves, en un lugar más discreto apartado de la circulación de la A7. Entonces llegaron los supuestos refuerzos para efectuar un registro simulado, un presunto robo de droga.
Según la investigación, aparecieron tres turismos y una furgoneta con personas que usaban chalecos de la Guardia Civil. Abrieron el doble fondo de la caja y retiraron los paquetes de marihuana envasados al vacío, que desaparecieron del lugar sin dejar rastro.
Los agentes R. y J. avisaron a los especialistas del EDOA y presuntamente dejaron sobre el remolque 21 bolsas con 23 kilos de marihuana. No era la muestra de un cargamento mayor sino el decomiso completo. El alijo.
La escena aparece en el sumario de la operación de la Benemérita contra los dos presuntos agentes corruptos, acusados de organizar robos de droga a narcotraficantes, como adelantó LA VOZ el pasado 24 de julio de 2020.
La secuencia levantó sospechas. ¿Qué hacían dos guardias de seguridad ciudadana realizando una aprehensión de esas características? ¿Quiénes eran las personas que les ayudaron? La investigación culminaría poco después con la detención de ambos.
Siete delitos
La primera consecuencia fue la absolución del camionero. El juez decidió anular las condiciones de aquel registro ilegal. La segunda una profunda investigación interna con seguimientos, escuchas telefónicas y grabaciones para tratar de demostrar la implicación de R. y J. en una trama de realizar ‘vuelcos’, esto es, robos de droga.
El Juzgado de Instrucción número Cuatro de Almería comunicó esta semana a las partes el escrito de acusación. La Fiscalía Antidroga solicita 20 años y cinco meses de prisión para los agentes de R. y J. por la comisión de siete delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad, robo con fuerza, contra la salud pública y revelación de secretos.
Ambos están representados por dos conocidos penalistas almerienses y trataran de defender su inocencia en el juicio en la Audiencia Provincial. Tras ingresar en El Acebuche en prisión provisional, fueron trasladados fuera de Almería para garantizar su seguridad.
La Fiscalía les acusa de “planear las actuaciones delictivas aprovechando su conocimiento” e “instruir al resto de procesados a fin de que en los ‘vuelcos’ planeados fingiesen ser guardias civiles”, según el escrito consultado por LA VOZ DE ALMERÍA.
Las pesquisas del Instituto Armado identificaron tres presuntas maniobras para apropiarse de marihuana y hachís dirigidas por los agentes, en coordinación con un grupo de personas que usaban prendas oficiales.
El primer capítulo reseñado en las diligencias es la captura del camión en la A7 el 26 de febrero. La Fiscalía menciona en su escrito la presencia de armas en ese presunto ‘vuelco’, aunque no precisa la cantidad exacta de la droga presuntamente desaparecida.
Segundo episodio
El segundo episodio data del mes de junio de 2020. Según la acusación, los agentes J. y R. contaban con un enlace de origen magrebí llamado Issam. El varón tenía presuntamente contactos con el mundo criminal y colaboraba en la identificación de los objetivos. En el punto de mira aparecía una nave industrial ubicada en el polígono Santa Olalla de Níjar que guardaba en su interior un alijo de marihuana, el oro verde del narcotráfico en la provincia.
El vuelco iba a realizarse a las 6 de la mañana del 27 de junio, pero se adelantó unas horas. “R. y J., conforme al modo habitual de proceder, diseñaron un plan para entrar en la nave utilizando la fuerza y apropiarse de la marihuana”, detalla la Fiscalía. “Entregaron uniformidad de la Guardia Civil a Raúl e Israel (otros acusados) y les indicaron el modo y el momento en el que deberían dar las voces de ‘Guardia Civil’”.
Según las diligencias, los acusados rompieron con un mazo la cerradura de la nave pero, antes de acceder a la marihuana, fueron atacados por un vehículo y tuvieron que huir. “R. y J. permanecían en labores de vigilancia en el polígono”, según la Fiscalía. Todos ellos se reunirían luego en un aparcamiento de la Avenida Mare Nostrum en El Puche) y R. terminaría avisando a sus ‘compañeros’ de la existencia de un cultivo en la instalación.
Las patrullas de la Guardia Civil hallaron poco después 758 plantas de cannabis y un saco de cogollos. Dos hermanos fueron detenidos en esa intervención. Los agentes les sorprendieron cuando cambiaban la cerradura de la nave.
La investigación había material suficiente para levantar un procedimiento contra R., J. y sus presuntos colaboradores, pero el arresto se produciría después del tercer ‘vuelco’ identificado en el mes de julio del año pasado. “Issam contactó con individuos desconocidos en la provincia de Málaga y acordó realizar un transporte de resina de hachís”, comienza la Fiscalía. El plan era robar la droga durante el transporte.
La mañana del 11 de julio, el acusado José Antonio y una persona no identificada recibieron la droga. Según las escuchas, el grupo organizó un asalto “empleando la violencia”. La Fiscalía precisa que no queda acreditada la presencia de armas, pero sí el robo de 19 kilos de resina de hachís.
El coche utilizado quedó estacionado en la calle Real de Almería, donde el procesado Zacaría acudió a las 21.50 horas del 11 de julio. Se desataron entonces los arrestos y los registros. El 14 de julio el Instituto Armado entró en viviendas de Almería y Huércal y hasta en el propio cuartel de Níjar. Los dos guardias presuntamente corruptos fueron detenidos y hoy se enfrentan a una petición de 20 años de cárcel.
Un máximo de 13 años y 3 meses de prisión
La Fiscalía Antidroga solicita para R. y J. penas que suman 20 años y tres meses de prisión, sin embargo, en caso de condena solo cumplirían 13 años y tres meses. Esto es, se aplica el artículo 76 del Código Penal que señala como máximo el triple de la pena correspondiente al mayor delito imputado en la acusación. Además de los dos guardias civiles procesados, hay otros seis acusados en la presunta trama criminal, cuatro españoles y dos marroquíes. Ellos cumplirían como máximo 12 años de prisión, según detalla el escrito de acusación fiscal consultado por LA VOZ. La Fiscalía pide también la inhabilitación de los agentes investigados en el proceso, que ingresaron en prisión provisional en julio del año pasado.
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