Condenan al exalcalde de Carboneras por adjudicar 'a dedo' unas obras por medio millón de euros
El exedil socialista tendrá que cumplir una pena de siete años de inhabilitación para cargo o empleo público

Archivo - Sede de la Audiencia Provincial de Almería.
La Audiencia Provincial de Almería ha confirmado una pena de siete años de inhabilitación para cargo o empleo público al exalcalde socialista de Carboneras Cristóbal Fernández por la contratación 'a dedo' de las obras de sustitución del alumbrado del paseo marítimo a dos empresas por un importe global cercano al medio millón de euros.
En su resolución, dictada a principios de noviembre, el tribunal ratifica el fallo del juez del Tribunal de Instancia Sección Penal 1 de Almería por un delito de prevaricación administrativa al entender que se produjo una actuación irregular con la que se quebrantaron los principios de transparencia y concurrencia pública, además de contravenir el compromiso inicial de ejecutar los trabajos con medios municipales.
La sentencia, consultada por Europa Press, señala que durante su etapa al frente del gobierno local entre octubre de 2007 y junio de 2011, el exalcalde socialista adjudicó de forma directa y "con conocimiento de que actuaba contra el ordenamiento jurídico", las obras de sustitución del alumbrado del Paseo Marítimo.
La actuación, que se desarrolló "sin seguir procedimiento administrativo alguno", se materializó mediante una resolución de Alcaldía de fecha 8 de septiembre de 2008, por un importe de 492.182,65 euros "bajo el presupuesto de que dicha obra sería ejecutada directamente con los medios propios del Ayuntamiento".
No obstante, los trabajos fueron subcontratados, suministrados y ejecutados por dos mercantiles --Indasa Almería SL e Instalaciones Moreno y Gañid SL--, que giraron facturas por importe e 360.937,23 euros y 134.982,51 euros, respectivamente.
Estas cantidades fueron satisfechas con cargo al presupuesto municipal "sin ningún tipo de expediente de contratación", de modo que se hizo prevalecer de este modo la "voluntad" del exprimer edil sobre los intereses generales del ente local y los particulares de posibles interesados.
Además, como consecuencia de estas irregularidades y la falta de justificación formal, la Junta de Andalucía ordenó la devolución de la subvención de 295.309 euros más intereses otorgada al Consistorio, lo que causó un perjuicio económico al Ayuntamiento.
El tribunal de la Sección Segunda rechazó el recurso de apelación del exalcalde al no apreciar errores en la valoración de la prueba y considerar que se acreditó con un informe del secretario del Ayuntamiento que no se tramitó ningún expediente para la ejecución de las obras.
Así, concluye que aunque mediante una resolución de Alcaldía, fechada al 8 de septiembre de 2008, el acusado aprobó realizar la obra con medios propios del Ayuntamiento, en la práctica la obra fue subcontratada sin previa autorización ni procedimiento de licitación, por lo que se eludieron de forma consciente los mecanismos de control, publicidad, transparencia y libre concurrencia que exige la ley de contratos públicos.