Casi 21.000 almerienses (20.876) podrán prorrogar dos años su actual contrato de alquiler de vivienda después de que el Consejo de Ministros aprobara este martes dos nuevos decretos sobre el mercado inmobiliario.

Con matizaciones respecto a las normas legales que llegaron la semana pasada al Congreso de los Diputados y que fueron rechazadas por el bloque PP-Vox-Junts, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez pretende garantizar que los actuales inquilinos tengan seguridad de que no van a tener que buscar otra vivienda en los próximos meses.

Las cifras oficiales Así las cosas, los últimos datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 apuntan que en la provincia de Almería hay 20.876 ciudadanos que viven en régimen de alquiler y que se pueden beneficiar de uno de los dos decretos que ha vuelto a aprobar el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar.

Según la referencia del Consejo de Ministros, los nuevos decretos servirán para “dar tranquilidad y estabilidad”. “Uno de ellos prorroga hasta dos años los contratos de alquiler de quienes estén al corriente del pago y limita las subidas del alquiler”, se indica textualmente en un comunicado de La Moncloa.

El otro decreto establece la prórroga automática de esos contratos de alquiler cuando venzan, salvo en determinados supuestos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoce que hoy no existe una mayoría parlamentaria suficiente para convalidar esta segunda norma, por lo que no entrará en vigor a la vez que el primer decreto, es decir, tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado, sino después de que la Diputación Permanente la convalide, si eso ocurre.

“Más de 20.000 almerienses podrán beneficiarse de la prórroga de sus contratos de alquiler, una medida con la que el Ejecutivo pretende aportar estabilidad a los inquilinos y evitar nuevas subidas, mientras que los propietarios de viviendas arrendadas también podrán beneficiarse de incentivos fiscales”, destacaba en un comunicado el diputado del PSOE por esta provincia, Juan Antonio Lorenzo.

Para Lorenzo Cazorla, el acceso a la vivienda se ha convertido “en una de las principales dificultades para muchas familias y, especialmente, para los jóvenes”. “En la provincia existen alrededor de 10.000 demandantes de vivienda protegida, unos 3.000 de ellos en la capital”, ha apostillado.

Por otra parte, la coordinadora provincial de Izquierda Unida en Almería, María Jesús Amate, criticaba la semana pasada a los cuatro parlamentarios nacionales electos por la circunscripción de Almería que votaron en contra de la convalidación de los decretos de vivienda en el Congreso: Rafael Hernando, Ana Martínez Labella y Maribel Sánchez Torregrosa, por el Partido Popular, y Rocío de Meer, por Vox.

“Es una auténtica vergüenza que los diputados que deberían defender a la gente de Almería en el Congreso hayan decidido dejar tiradas a más de 20.000 familias de nuestra provincia. Han elegido estar del lado de los especuladores, de los fondos buitre y del rentismo, antes que proteger a los trabajadores, pensionistas y jóvenes”, señaló.