La Autoridad Portuaria de Almería y Carboneras mantiene sendos litigios contra   las contratistas Dragados y Acciona por considerar que se han realizado obras fuera de plazo, ocasionando daños y perjuicios a las cuentas anuales del organismo autónomo.

En el caso de Dragados, el pleito se circunscribe a las obras ya ejecutadas del Dique de Poniente, que, de forma exenta, da abrigo al Muelle de carga de Pechina. La Autoridad Portuaria, presidida por Trinidad Cabeo, ejecutó las garantías que se incluyen siempre en este tipo de contratos po estimar “incumplimiento de obligaciones contractuales durante el desarrollo de los trabajos”. El Puerto decidió realizar el cobro de estas garantías, respaldadas por el Banco Popular, en cuenta abierta en Cajamar en varias  tandas por un importe total de 1,18 millones de euros, lo que representa el 100% del importe de las garantías ejecutadas.

Como reacción, Dragados presentó una reclamación de 4,2 millones de euros por sobrecostes imputados a la Autoridad Portuaria y una demanda civil contra este organismo público que fue rechazada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Almería, al entender que la demanda debía presentarse en vía contencioso administrativa. 
El Ministerio Fiscal,  sin embargo, contradijo al Juez de Primera instancia y deberá ser ahora la Audiencia Provincial de Almería la que se pronuncie sobre la jurisdicción competente.

El Puerto también mantiene litigio abierto con la constructora Acciona por las obras del Nuevo Muelle de Ribera del Puerto de Carboneras alegando incumplimiento de plazos de la contratista.

El Puerto apela, en concreto, al retraso en el dragado de la zanja de cimentación, en la ejecución de los cajones y en el relleno de las celdas de los cajones, tras haberse concedido hasta cuatro prórrogas. El Puerto alega también que el retraso de estas obras en 2016 por parte del contratista le ha provocado la pérdida de parte de la subvención de los fondos Feder cifrada e 759.800 euros.

Acciona aduce para justificar el retraso la duración de los trámites para obtener las autorizaciones y permisos, en especial los de voladuras submarinas.

El importe total que reclama la Autoridad Portuaria a Acciona es de 1,5 millones de euros. Acciona alega que desconocía la cuantía de la financiación con fondos Feder y que no ha habido incumplimiento doloso.

El inicio del expediente sancionador fue aprobado el pasado mes por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.