El pasado sábado, concretamente durante la madrugada del día 17 de octubre, culminó en tragedia en la localidad de Pechina tras registrarse un tiroteo que le costó la vida, pese a que fue trasladado al hospital, a Ibrahima, un joven de origen senegalés. El incidente, el tercero con armas de fuego y víctimas en una semana en la provincia de Almería, obligó al despliegue de un amplio operativo de la Guardia Civil y los servicios de emergencia, dejó además varios heridos y provocó una enorme conmoción en toda la comarca del Bajo Andarax.

Junto a la versión inicial de las autoridades, la Asociación Nueva Bayyana y la Asociación Mamá África Almería han hecho público un comunicado oficial en el que detallan los supuestos hechos tras recabar el testimonio de los allegados. Según explican, la trágica secuencia comenzó con un asalto previo: “En torno a las 2:40 horas, varias personas habrían entrado en viviendas y sustraído patinetes eléctricos, teléfonos móviles y un televisor. Tras advertir lo sucedido, las familias afectadas habrían avisado a la Guardia Civil”.

El conflicto escaló horas más tarde con consecuencias fatales. Las entidades afirman que, cerca de las 4:30 horas, los implicados habrían regresado al lugar presuntamente armados. Fue en ese intervalo cuando el fallecido fue alcanzado por los impactos de bala: “Durante estos hechos, Ibrahima recibió un disparo y fue trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas, donde falleció poco después de su llegada. Otras personas también habrían resultado heridas”, señalan desde las organizaciones.

Presuntas presiones para que dejaran las viviendas

Además de los disparos, el comunicado pone el foco en las presiones que estarían sufriendo las familias del entorno. Las asociaciones denuncian coacciones sobre inmuebles de titularidad pública y afirman haber recibido relatos de vecinos a los que “algunas personas habrían exigido a las familias que abandonaran las viviendas propiedad de la Junta de Andalucía en las que residen, amenazándolas presuntamente con desalojarlas por la fuerza si no se marchaban”, insistiendo en que cualquier disputa debe gestionarse únicamente por las vías legales.

Ante este escenario, los colectivos han elevado una petición formal a las autoridades e instituciones competentes exigiendo rigor y amparo para la comunidad. “Exigimos verdad, justicia y protección para las familias afectadas. La muerte de Ibrahima no puede quedar sin una investigación que permita conocer la verdad”, subrayan en su nota, al tiempo que confirman la próxima convocatoria de un minuto de silencio y un acto de homenaje en memoria del fallecido, cuya fecha y ubicación concretarán en los próximos días.