El juicio contra 30 personas acusadas de participar en un supuesto plan para conseguir permisos de residencia en España a mujeres marroquíes mediante falsas denuncias por violencia de género ha quedado suspendido este miércoles en Almería después de que cuatro de los procesados no comparecieran a la vista preliminar.

La titular de la Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Almería ha pospuesto la celebración del juicio al no haberse conseguido citar a todos los acusados. Una circunstancia que ha impedido, además, que la causa pudiera resolverse mediante los acuerdos de conformidad que las defensas han tratado de negociar con la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

La suspensión deja por el momento sin resolver una de las causas más numerosas previstas estos días en la Ciudad de la Justicia de Almería, en la que se investigó un supuesto sistema por el que varias mujeres habrían conseguido regularizar su situación en España tras aparecer judicialmente como víctimas de violencia de género.

Negociaciones para alcanzar un acuerdo

Más allá de la suspensión, la comparecencia de este miércoles ha servido para que los abogados de los acusados presentes intenten sentar las bases de un posible acuerdo que evite que todos los procesados tengan que enfrentarse al juicio. Una de las condiciones pasa por hacer frente al dinero reclamado en concepto de responsabilidad civil.

"Los acuerdos que se han intentado están condicionados a que cada uno de los acusados pague la responsabilidad civil, que se deriva de esas ayudas que han percibido de forma incorrecta", ha explicado tras la comparecencia la abogada defensora María del Mar Parrilla, de Partes Legal. Las defensas buscan con estas negociaciones sustituir las peticiones que llegan en algunos casos hasta los cinco años y tres meses de prisión por penas de multa, a las que se sumaría la responsabilidad civil que finalmente se establezca.

Entre las cantidades que tendrían que devolverse se encuentran las prestaciones públicas que algunas de las acusadas habrían percibido después de ser reconocidas como víctimas de violencia de género. Según la acusación, en determinados casos llegaron a cobrar hasta 5.600 euros mediante el Programa de Renta Activa de Inserción.

Durante la vista preliminar también se ha tratado de alcanzar un consenso para rebajar en un grado la responsabilidad penal atribuida a otros acusados, entre ellos el hombre señalado como supuesto ideólogo del plan.

Agresiones en público para conseguir la residencia

La causa que ahora queda pendiente de una nueva fecha se remonta a unos hechos que, según el escrito de acusación de la Fiscalía, habrían tenido lugar entre 2017 y 2019. El Ministerio Público sostiene que el principal acusado habría ideado junto a otra persona, sobre la que pesa una orden de búsqueda y detención, un sistema para facilitar de manera fraudulenta la residencia legal en España a mujeres marroquíes aprovechando los mecanismos previstos para las víctimas de violencia de género.

La investigación llegó a identificar a 16 mujeres que presuntamente se habrían beneficiado del procedimiento.Según la tesis de Fiscalía, los organizadores ponían a las interesadas en contacto con hombres dispuestos a protagonizar una agresión en un espacio público. Los encuentros se habrían producido en avenidas, paseos marítimos, cafeterías, bares, parques e incluso entradas de colegios de Almería, Aguadulce, Roquetas de Mar, Vícar, El Ejido y Almerimar, entre otros lugares.

Los hombres supuestamente implicados habrían aceptado participar a cambio de cantidades que podían alcanzar los 4.500 euros y posteriormente reconocerían los hechos ante la Justicia.La acusación precisa, no obstante, que estos hombres sabrían que su intervención tenía como finalidad facilitar que las mujeres obtuvieran la residencia, pero no que ellas fueran a declarar posteriormente ante el juez que mantenían una relación sentimental con sus supuestos agresores. Tampoco conocerían que algunas solicitarían posteriormente prestaciones a la Seguridad Social.

De la denuncia a la Oficina de Extranjería

El siguiente paso del supuesto sistema tenía lugar ante las autoridades. Conforme a las instrucciones que presuntamente habían recibido, las mujeres debían manifestar ante la Guardia Civil y posteriormente ante el juez de guardia que el hombre que las había agredido era su pareja, pese a que la acusación sostiene que esa relación sentimental no existía.

Los procedimientos daban lugar a diligencias urgentes y podían terminar mediante sentencias de conformidad en las que los hombres reconocían los hechos. Era precisamente esa resolución judicial la que, siempre según la tesis de la Fiscalía, permitía dar el siguiente paso.

Las mujeres acudían posteriormente a la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno para solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales derivada de su consideración como víctimas de violencia sobre la mujer.Mediante este procedimiento habrían llegado a conseguir permisos de residencia con cinco años de vigencia.

La investigación sostiene que las ventajas no acababan ahí. Los supuestos organizadores también habrían indicado a algunas de ellas que su nueva situación les permitía acceder a determinadas prestaciones. Fiscalía recoge casos en los que se habrían cobrado indebidamente ayudas de hasta 5.600 euros, cantidades cuya devolución se reclama ahora dentro del procedimiento.

Hasta ocho años y medio para el supuesto ideólogo

Las peticiones iniciales de la Fiscalía muestran las importantes consecuencias penales a las que se enfrentaban los procesados antes de las negociaciones abiertas para alcanzar posibles conformidades. Para el hombre considerado el supuesto cerebro del plan, el Ministerio Público llegó a solicitar ocho años y medio de prisión por un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito contra la Seguridad Social y otro de falso testimonio.

Para cada uno de los 13 hombres acusados de participar en las supuestas agresiones se reclamaban nueve meses de cárcel, mientras que las peticiones para las mujeres alcanzaban en determinados casos los cinco años y tres meses de prisión. Nueve de ellas están acusadas además de delitos contra la Seguridad Social.

Unas penas que las defensas intentan ahora reducir mediante los acuerdos planteados este miércoles en la Ciudad de la Justicia. De momento, sin embargo, las negociaciones no han podido cerrar el procedimiento y el juicio contra los 30 acusados tendrá que esperar a una nueva fecha.