La Audiencia Provincial ha condenado a dos hombres que reconocieron haberse dedicado a la recogida de inmigrantes que alcanzaban las costas de Almería de forma irregular en patera para, posteriormente, trasladarlos a otros puntos del país e incluso a Francia a cambio de una prestación económica.

El fallo, dictado en firme y consultado por Europa Press, impone a cada uno de ellos dos años de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros después de que admitieran sus actos.

Así, uno de los acusados, que por entonces vivía en Alicante, acordó con otros residentes en Argelia la recogida de varios inmigrantes irregulares que, entre los meses de marzo y mayo de 2019, llegarían a las costas de Levante almeriense en embarcaciones rápidas, las cuales tras el desembarco huían del lugar.

A cambio de una cantidad de dinero, no concretada en la sentencia, el acusado no solo recogía a estas personas sino que luego las trasladaba a otras ciudades del país o las llevaba hasta Francia.

Para saber cuando llegaba una embarcación de estas embarcaciones, debía contactar con los organizadores del viaje y así planificar la recogida de los inmigrantes en un punto concreto. Con este objetivo, el acusado era ayudado por un segundo procesado y una tercera persona no enjuiciada en esta causa.

Los acusados reconocieron que realizaron al menos tres traslados entre el 13 de abril y principios de mayo principalmente desde las costas de Níjar, donde los inmigrantes llegaban de madrugada a bordo de lanchas rápidas. Ambos acudieron en distintos vehículos para recogerlos y trasladarlos o bien a otras ciudades o bien a la estación de autobuses de Almería.

Los planes de los acusados se frustraron en la madrugada del 4 de mayo cuando, sobre las 3,00 horas, fueron a recoger a los ocupantes de tres pateras y fueron interceptados por la Guardia Civil, que detuvo a otros 16 inmigrantes que había en la zona y que no habían sido recogidos.

La sentencia, dictada en firme, acuerda suspender la pena privativa de libertad de ambos acusados por un plazo de dos años siempre y cuando los penados no vuelvan a delinquir durante ese tiempo.