La reciente instrucción de la Fiscalía Especial Antidroga para que los ataques de narcolanchas contra embarcaciones oficiales puedan ser investigados también como posibles delitos de piratería abre un nuevo escenario en la lucha contra el narcotráfico marítimo. La medida, trasladada a la Jefatura de la Policía Judicial de la Guardia Civil, busca reforzar la respuesta penal frente a agresiones, embestidas y maniobras violentas protagonizadas por tripulaciones vinculadas al tráfico de drogas durante operaciones policiales.

La iniciativa tiene especial relevancia en provincias como Almería, donde las persecuciones marítimas y la presión de las narcolanchas forman parte de la actividad habitual de Guardia Civil y Vigilancia Aduanera.

El criterio impulsado por la Fiscalía plantea que aquellas actuaciones que superen una simple maniobra de huida y supongan un ataque contra embarcaciones oficiales o un grave riesgo para la seguridad de los agentes y la navegación puedan encajar en el delito de piratería, sin que sea necesario acreditar un ánimo de lucro o la intención de obtener un botín.

"Buscar los medios posibles para luchar contra el narco"

La iniciativa ha sido acogida favorablemente por las asociaciones profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que trabajan en Almería. Sus representantes consideran que la medida supone un reconocimiento a la peligrosidad que afrontan los agentes durante las intervenciones contra las narcolanchas y reclaman que vaya acompañada de más medios humanos y materiales para combatir el fenómeno.

El secretario general de AUGC en Almería, Víctor Vega Romero, considera que la instrucción de la Fiscalía supone una noticia favorable al buscar "los medios legales posibles para luchar contra estas mafias". El representante recuerda además que hace apenas unas semanas una embarcación de Vigilancia Aduanera fue embestida por una narcolancha en la provincia, un episodio que evidencia, a su juicio, la gravedad de una problemática cada vez más presente en el litoral almeriense.

No obstante, Vega advierte de que el endurecimiento penal debe ir acompañado de más recursos sobre el terreno. Reclamando más efectivos,  una revisión del modelo policial y un refuerzo de especialidades como Fiscal y Fronteras o el Servicio Marítimo. Además, considera necesario avanzar en acuerdos con países como Marruecos y Argelia para combatir un fenómeno que trasciende las fronteras españolas.

"La violencia no puede seguir consintiéndose"

También desde JUCIL respaldan sin reservas el nuevo criterio impulsado por la Fiscalía. Rafael Maldonado, subsecretario nacional de Relaciones Institucionales y secretario provincial de la organización en Almería, sostiene que la medida supone "un paso decisivo hacia el reconocimiento de una realidad que nuestra asociación lleva años denunciando".

En su opinión, las organizaciones que operan con narcolanchas "no solo trafican con drogas, sino que ejercen una violencia organizada contra los guardias civiles y contra la seguridad marítima que debe tener una respuesta penal mucho más contundente".

Maldonado destaca especialmente que las embestidas, acometimientos y ataques contra embarcaciones oficiales puedan ser consideradas actos de piratería. "La violencia desplegada por estas organizaciones no puede seguir considerándose un mero incidente asociado al tráfico de drogas", afirma.

No obstante, añade que la instrucción debe complementarse con "más medios materiales, más personal, embarcaciones adecuadas, protocolos de actuación eficaces y una respuesta judicial firme" para acabar con la sensación de impunidad con la que, según denuncia, han actuado estas mafias durante años.

"Continuamos trabajando con falta de medios"

Desde el sindicato Justicia Salarial Vigilancia Aduanera (JUSVA), su portavoz Jorge Samblás también valora favorablemente la iniciativa al considerar que "todo avance que permita una justicia más ágil y eficiente beneficia al conjunto de la sociedad y fortalece el Estado de Derecho". Sin embargo, aprovecha el debate para volver a poner el foco en la situación que atraviesa el cuerpo. "En Vigilancia Aduanera continuamos trabajando con una preocupante falta de medios materiales y con unas plantillas claramente insuficientes para hacer frente a un fenómeno tan complejo como el narcotráfico", lamenta.

Samblás recuerda que se trata del servicio policial marítimo más antiguo de Europa y uno de los que más droga interviene en el mar, pero denuncia que sus profesionales siguen siendo los peor retribuidos entre los cuerpos policiales del Estado. "No se puede seguir exigiendo el máximo compromiso a quienes están en primera línea contra el crimen organizado sin dotarlos de los recursos humanos y materiales necesarios", concluye.

Petaqueo como delito

La estrategia para combatir el narcotráfico no se limita al mar. En los últimos meses también se han impulsado cambios legales dirigidos a golpear la infraestructura logística que permite operar a las organizaciones criminales.

Una de las principales novedades ha sido la tipificación específica del denominado petaqueo, una actividad clave para el funcionamiento de las narcolanchas y que consiste en el transporte, almacenamiento y suministro de grandes cantidades de combustible destinado a estas embarcaciones.

La medida quedó recogida en la Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril. La norma nace para endurecer la respuesta penal frente a delincuentes reincidentes. Estas conductas pasan ahora a recibir un tratamiento penal más severo tipificando el petaqueo como un delito de riesgo catastrófico.

Es un arma más

Desde la Policía Nacional también valoran positivamente las iniciativas adoptadas para adaptar la respuesta judicial a la evolución del narcotráfico. El secretario General en Almería del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Javier Socías considera que tanto la Fiscalía como los tribunales están tratando de dar encaje legal a fenómenos que han ganado complejidad en los últimos años. "Nos congratulamos de que la jurisprudencia, los tribunales y la Fiscalía Antidroga traten de adaptar la legislación a las problemáticas actuales", señalan. En este sentido, compara la reciente instrucción sobre la posible aplicación del delito de piratería a los ataques contra embarcaciones oficiales con las medidas impulsadas para combatir el denominado petaqueo, es decir, el transporte y aprovisionamiento de combustible destinado a las narcolanchas.

Socías recuerda que la Fiscalía, inicialmente en Cádiz y posteriormente en Andalucía, ha promovido una interpretación que permite perseguir estas conductas como delitos de riesgo catastrófico o contra la seguridad colectiva cuando el combustible es transportado o almacenado en condiciones inadecuadas y en cantidades superiores a las permitidas. "Es un arma más", resume el portavoz sindical. No obstante, considera que el camino no termina ahí.

Más control en las gasolineras

A su juicio, la presión policial ejercida en el Campo de Gibraltar está provocando un desplazamiento de la actividad de las redes criminales hacia otros puntos del litoral andaluz, entre ellos Almería. "Hay que seguir trabajando mucho más para luchar contra el narcotráfico en la provincia de Almería, donde se está sintiendo ahora el desplazamiento del narco desde el Campo de Gibraltar", afirma. Para el representante del SUP, además de las iniciativas judiciales, son necesarios nuevos avances legislativos y una mayor implicación de otros actores.

Entre las medidas que plantea figura un mayor control sobre la venta de combustible y una colaboración más estrecha entre las estaciones de servicio y las fuerzas de seguridad. "Consideramos que tiene que haber más control en las gasolineras y reforzar las sinergias entre las asociaciones de gasolineras y la Policía para evitar que esos productos terminen abasteciendo a las organizaciones narcotraficantes", concluye.