En Almería, los pasillos de los juzgados y las salas de los centros de protección se llenan de historias que nadie quiere escuchar, pero que todos deben conocer. Menores que deberían estar jugando en los parques o en las aulas, se enfrentan a una realidad marcada por abusos y agresiones sexuales.

Las denuncias aumentan y las familias buscan respuestas, mientras las autoridades tratan de garantizar que los culpables cumplan la ley y que las víctimas recuperen, aunque sea un poco, la seguridad que les fue arrebatada. Cada caso abierto es un recordatorio de la vulnerabilidad de los menores y de la urgencia de medidas que los protejan de manera efectiva.

Las conductas contra la libertad sexual se encuentran entre las que mayor preocupación social despiertan, y ello debido a la naturaleza tan íntima del bien jurídico que se ataca, a las circunstancias que con­curren en las víctimas afectadas por cualificadas notas de vulnerabili­dad, y en ocasiones a la violencia con la que se perpetran.

La Memoria de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía publicada en 2025 refleja que los delitos contra la libertad sexual continúan siendo una de las principales preocupaciones en Almería. Aunque el número de procedimientos incoados ha bajado ligeramente, "el elevado número de víctimas menores de edad" destaca como un dato alarmante y que demanda atención.

En comparación con otros años

Ya en su anterior memoria, la Fiscalía andaluza, así como el Informe del Ministerio del Interior de 2023 reflejaban la magnitud del problema: Almería se colocó a la cabeza de Andalucía en la tasa de delitos conocidos contra la libertad sexual, con 5,5 casos por cada 10.000 habitantes, un punto más que los 4,5 de 2022.

En total, durante 2023 se registraron 411 hechos delictivos de este tipo en la provincia, frente a los 335 del año anterior. Por tipología: 250 agresiones y abusos sexuales sin penetración; 78 con penetración; 22 acosos sexuales; 7 contactos con menores de 16 años a través de redes y tecnologías de la información; 13 casos de corrupción de menores

El aumento de denuncias refleja una mayor concienciación social y confianza en las instituciones, pero los casos siguen mostrando la vulnerabilidad de los menores y la necesidad de reforzar medidas de protección inmediatas. Las actuaciones urgentes, amparadas en el artículo 158 del Código Civil, se aplican sobre todo en situaciones de guarda o absentismo escolar, dejando espacios críticos en la prevención efectiva de estos delitos.