El Juzgado de lo Penal número 6 de Almería ha absuelto a varios acusados de un delito contra la salud pública. La decisión se basa en dos razones: la existencia de cosa juzgada en algunos casos y la anulación de un registro policial practicado en una vivienda de la calle Ossetia del Norte de Gádor. Este registro, llevado a cabo en mayo de 2019 tras un asesinato que sacudió la zona, ha sido declarado inválido.

El crimen que desencadenó la investigación no era menor. Cuatro miembros del clan de Los Minos fueron condenados a penas de entre 42 y 21 años de prisión. En el contexto de esa investigación, la policía realizó varios registros a raíz del homicidio. Durante el transcurso encontraron plantaciones de cannabis y evidencias que sugerían la existencia de una presunta red criminal dedicada al tráfico de drogas.

El problema llegó después. Según el fallo, dos acusados han sido absueltos porque el registro en el que se hallaron las pruebas en su contra no contaba con autorización judicial.  En la resolución judicial consta que durante el registro, "la puerta estaba abierta, pero los investigadores entraron sin consentimiento de los moradores y sin que existiera un delito flagrante en curso en el inmueble". Más allá de que los agentes percibieran "cierto olor a marihuana" y de la presencia de un arma en el suelo, pero la sentencia considera que estos elementos no justificaban la intromisión.

Por otro lado, otros dos acusados han sido absueltos, ya que habían sido juzgados anteriormente por los mismos hechos en un caso resuelto por el Juzgado de lo Penal número 5. No podían ser procesados dos veces por el mismo delito. Además, el juez ha desestimado la acusación de pertenencia a grupo criminal contra ocho imputados, al considerar que no hay pruebas suficientes de una estructura organizada con roles definidos. Lo mismo ocurre con la imputación por depósito de armas: cuatro de los acusados han sido absueltos porque no se ha demostrado una conexión clara entre ellos y las armas incautadas durante la operación policial.

Al final, solo tres de los acusados han sido condenados a penas de entre 12 y 6 meses de prisión por un delito contra la salud pública, con la atenuante de dilaciones indebidas y, en algunos casos, confesión. El tribunal considera probado que en mayo de 2019 se hallaron en una vivienda de dos de los acusados 145 maceteros con plantas de cannabis, sistemas de riego, lámparas y una bolsa con cogollos, todo valorado en más de 3.840 euros.