El Congreso convalidó pasado jueves el Real Decreto-ley que modifica la ley de memoria democrática para poder indemnizar a las víctimas como al joven sindicalista malagueño Manuel José García Caparrós, a las familias de las tres víctimas del caso Almería, o a la familia del estudiante almeriense Javier Verdejo Lucas. Mientras el Gobierno se abre a aceptar cambios propuestos por sus socios, como la ampliación de casos hasta 1983. 

Aquí entrarían las familias de los tres jóvenes asesinados el 10 de mayo de 1981 en el denominado caso Almería. “Se ha convalidado lo que venía del Consejo de Ministros de primeros de marzo que ya adelantaste y se ha aprobado convertir en real decreto ley en proyecto de ley en el que cabe la enmienda de llevarlo temporalmente hasta 1983. Nos ha costado sacarlo, pero el ministro Ángel Víctor Torres y yo hemos trabajado muchísimo desde hace tiempo”, explicó el exalcalde de Almería y catedrático Fernando Martínez López (Vélez Blanco,1949), uno de los artífices, actual secretario de Estado de Memoria Democrática. 

El decreto fue convalidado con los votos a favor de todos los partidos excepto PP, Vox y UPN, que votaron en contra, y Junts que se abstuvo. Además, el pleno aceptó tramitar esta iniciativa como proyecto de ley, tal como se había comprometido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para así permitir a los grupos introducir cambios a través de enmiendas. Con el real decreto-ley convalidado en el Congreso, el Gobierno de Sánchez modificó la ley de memoria democrática de 2022 para introducir expresamente el derecho a indemnización a las víctimas.

Según la agencia EFE y diversos medios, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) anunció en una nota de prensa que ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno para extender las indemnizaciones hasta el 31 de diciembre de 1983, además de ampliar el plazo para presentar solicitudes de uno a tres años y flexibilizar los criterios para consideración de víctimas y evitar exclusiones injustas de otros casos representativos de la represión franquista. 

El Gobierno considera equiparable a todas las víctimas, incluidas las del caso Almería, cuyos familiares piden que no haya discriminación. La norma establece el derecho a recibir una indemnización de 250.000 euros por cada víctima fallecida, que podrá ser percibida por hijos, cónyuge o personas que convivieran con la víctima en una relación de afectividad análoga. 

La sentencia del caso Almería no aclaró la muerte de los tres jóvenes trabajadores Luis Montero García, Luis Cobo Mier y Juan Mañas Morales que sufrieron terrorismo de Estado. Murieron sin saber por qué en uno de los episodios más negros de la trágica Transición. La sociedad sigue a la espera de la verdad de lo ocurrido en los interrogatorios de aquel trágico 10 de mayo de 1981.

Granada y Almería rescatan la figura de Verdejo

En ese sentido la familia almeriense de Verdejo puede acogerse desde la anterior Ley Zapatero de 2007. De la trágica Transición, aquí tuvimos el asesinato del estudiante de Biología, Javier Verdejo Lucas (Almería, 1958-1976), símbolo de la Transición andaluza, por disparos de la Guardia Civil. La Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada y la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Almería han organizado la exposición “Verdejo y la lucha antifranquista en la Universidad de Granada” que permanece abierta hasta mediados de abril. Las distintas asociaciones han preparado la muestra para rescatar la figura del joven almeriense como símbolo de la lucha estudiantil por la democracia.

Tampoco hubo procesados por la muerte en la barriada de Overa (Huércal Overa) de María Asensio Morales, de 29 años de edad, casada y madre de dos hijos, tras participar en una manifestación contra el control del agua que pretendía el 4 de marzo la empresa Explotaciones Agrícolas Cuevas de Almanzora, Sociedad Anónima. El fiscal reclamó el archivo de la causa. 

Curiosamente el abogado de la empresa era Darío Fernández Álvarez quien dos meses después se convirtió en abogado acusador contra los guardias civiles que hicieron mal su trabajo en el caso Almería. Los herederos de Asensio con la ampliación de las ayudas de las víctimas del tardofranquismo podrían beneficiarse de la ayuda económica del Gobierno. En definitiva, el Gobierno se abre a indemnizar a las víctimas de la violencia policial hasta 1983, con todo lo que ello representa con el objetivo de evitar exclusiones injustas, según ERC.