Anda contento estos días el señor Arenas, don Javier, con la previsible actuación del gobierno central a favor de la decisión de incorporar alcaldes al parlamento andaluz. La llamada por él y el PP “ley antialcaldes” del PSOE. No estoy de acuerdo con esa denominación. Si de alguna manera tenemos que llamarla es de una ley por la que cada persona tenga un puesto o cargo político, y no nos encontremos con alcaldes-senadores; alcaldes-presidentes; alcaldes-diputados y cualquier otra fórmula que se les ocurra para disfrutar de prebendas. No me parece serio que el señor Arenas, don Javier, defienda ahora lo que atacaba hace unos años, cuando los socialistas copaban el parlamento andaluz con alcaldes o presidentes de diputaciones. Era entonces el señor Arenas, don Javier, el que defendía un hombre un cargo. Claro que, entonces el PP no tenía alcaldes en ciudades importantes que llevarse a la boca, y a los presidentes de diputación ni los había olido. Ahora que los socialistas pierden poder en alcaldías y diputaciones intentan llevar a la práctica lo que pregonaba Arenas hace años y que ellos proponían para sus compañeros. El ciudadano ha dejado de ser tonto y se dan cuenta de que el cambio de los políticos está en base a los intereses de sus partidos y sus amiguitos, nunca en el de los ciudadanos de la calle. Si siguen por ese camino, ¿quién se puede fiar de ellos? Si se cambian de chaqueta con tanta desvergüenza política, ¿quién se puede fiar de ellos? Mucho cambio se pregona en la campaña, pero es de temer que ese cambio sea sólo para ellos, y a las pruebas de sus intentos nos remitimos. ¡Políticos!