El escepticismo de los británicos afectados por la problemática urbanística con respecto al decreto de la Junta de Andalucía, no ha variado ni un ápice desde su anuncio a mediados 2011. La asociación ‘Abusos Urbanísticos Almanzora No’ (AUAN), agrupación que aglutina el mayor número de residentes en construcciones fuera de ordenación, ha vuelto a manifestar su desacuerdo con la forma y el fondo del nuevo decreto de regularización de viviendas.

Lo hizo ayer su portavoz, Patricia Sampson, en unas declaraciones a la Cadena SER donde aseguró que su asociación ve la salida a la luz de este documento como “una oportunidad perdida” para poner fin a la actual situación urbanística que, debido al número de casas y de juicios contra las viviendas, está repleta de tintes dramáticos en comarcas como la del Almanzora.

“No soluciona mucho”

“Según lo que hemos visto nosotros sobre el texto final, parece que no va a solucionar mucho para nuestros miembros”, explica Sampson, que cifra en “un 16%” el número de miembros de la asociación que se verían beneficiados con la entrada en vigor del nuevo decreto de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

La asociación AUAN no es la única parte en este embrollo a la que el recién nacido decreto no termina de convencer. Alfredo Najas es abogado y ha sido el encargado de defender numerosos casos de viviendas irregulares. Bajo su punto de vista y a pesar de que todavía no ha podido estudiar “el texto definitivo aprobado”, asegura que conoce bien “el borrador” del documento y que “no es la solución ni la panacea a los problemas que realmente tiene la zona”. Y en este punto el letrado coincide con la asociación a la hora de señalar cómo el decreto pasa por alto los casos que ya se encuentran en manos de la Justicia. “Los cientos de procedimientos judiciales abiertos en los juzgados y cientos de viviendas afectadas con sentencia judicial firme para demolición, no se ven solucionados por este decreto”.

Seguridad jurídica

A pesar de las críticas, el abogado reconoce que el documento “va a mejorar y a dar seguridad jurídica a determinadas situaciones, como las conexiones de los servicios de agua y luz”. En esta línea se pronunció también el delegado de Obras Públicas, José Manuel Ortiz Bono, que dejó claro que “hay casas que por la clasificación del suelo o su ubicación” no podrán regularizarse.

Ortiz Bono aclaró que la regularización dependerá en gran medida de los planeamientos de los ayuntamientos. “No es que salga el decreto y ya tengan licencia. Queda mucho trabajo, pero sí será una herramienta para que las viviendas tengan servicios básicos de los que no disponen, como agua y saneamiento”.