El centro de las 500 no tiene quien le quiera
La Junta dice que fue cedido al Ayuntamiento y éste entiende que se devolvió la cesión en 1990

Usuarios del centro social de jubilados de las 500 Viviendas en la barandilla de la entrada.
Los usuarios del Centro Social de Pensionistas y Jubilados de las 500 Viviendas han reunido 1.479 firmas para respaldar la petición de los mayores encaminada a que la administración competente “acondicione” un local sin aire acondicionado y con problemas de fontanería e iluminación. El problema es que Ayuntamiento y Junta no se ponen de acuerdo sobre a qué administración corresponde el acondicionamiento del local.
Se trata de un edificio que la Junta de Andalucía cedió al Ayuntamiento de la capital para uso cultural de los vecinos del barrio. En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de 1983 se recoge que es el Ayuntamiento la entidad encargada de su mantenimiento y gestión, mientras que ese mismo BOJA publica en 1985 la cesión por cinco años al Ayuntamiento. En base a este segundo documento, el consistorio entiende que el local es de la Junta desde 1990.
Apoyo de Rumí
Y mientras unos entienden que no es competencia suya (aunque pagan luz y agua), otros exigen al Consistorio que atienda a unas personas mayores que “sólo tienen este espacio en el barrio para juntarse” y disfrutar de un rato de encuentro y ocio.
Así lo ha apuntado la concejal socialista Consuelo Rumí, que ayer participaba en el acto reivindicativo organizado por los usuarios del centro ubicado en Avenida Madrid.
Durante el acto, la presidenta de la asociación, Maruja Montoya, que representa a más de un centenar de socios, pedía a la administración que “se arregle el aire acondicionado” porque en verano no se puede ir al centro por las tardes del calor que hace.
Insiste, además Montoya, en que la barandilla que rodea el acceso al centro está muy deteriorada y puede provocar un accidente. Apunta también problemas en los aseos y otras situaciones que han de repararse. Eso sí, se sienten confundidos porque Junta apunta al Ayuntamiento y viceversa. Ante las diferencias de interpretación, la concejal Pilar Ortega solicitó al delegado de Políticas Sociales una cita para aclarar la confusión. “Todavía no ha habido respuesta”, lamentan desde el Ayuntamiento.