Las partes implicadas en el proceso judicial por la presunta malversación de fondos públicos en el Patronato Provincial de Turismo entre 2009 y 2011, conocido como Caso Facturas, toman posiciones frente a la celebración del futuro juicio.
Seis acusados en la investigación coordinada por el Juzgado de Instrucción número Seis de Almería han abonado las responsabilidades civiles ante una hipotética condena y, de este modo, se aseguran la aplicación de la atenuante.

Se trata de los representantes legales de cuatro empresas de viajes y transportes acusadas de facilitar facturas irregulares para el presunto desfalco en la institución dependiente de la Diputación de Almería, así como un empleado imputado por hospedarse de forma gratuita en un hotel de la provincia de Granada a costa de las arcas del Patronato de Turismo.

Son, en cualquier caso, personas con un papel secundario en la investigación desarrollada por la Policía Nacional adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía. De hecho, las cantidades restituidas suman unos 76.000 euros, lejos de los 760.000 euros de la presunta malversación calculada por el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación.
El Caso Facturas señala a 18 acusados por delitos de falsedad documental, cohecho y malversación de caudales públicos. Los principales acusados son el ex vicepresidente de la Diputación Provincial, Luis Pérez Montoya, y la ex secretaria del Patronato de Turismo, María Teresa González.

La investigación cree que actuaron en connivencia con empresarios para realizar una facturación ficticia que permitiera justificar gastos personales en viajes y comidas. “Los servicios no se prestaban o los bienes que no se entregaban”, según establece el fiscal. Los agentes investigaron más de un centenar de facturas de viajes y comidas sospechosas.

Acusación fiscal
La acusación eleva a 86 años de cárcel su petición de condena para los acusados. Luis Pérez Montoya y Teresa González se enfrentan a una solicitud de 7 años y 9 meses y 9 años y 10 meses de cárcel  respectivamente.
Las defensas tienen ahora un plazo de diez días para presentar sus calificaciones sobre el caso, un paso previo al señalamiento de la fecha para juicio. De momento, el pago de las responsabilidades civiles es un paso clave para futuros acuerdos con el Ministerio Público y para rebajar la nómina de acusados, que facilitaría la celebración de las vistas.

El escrito de acusación elevado al Juzgado de Instrucción número 6 describe una trama en la que ambos habrían actuado en connivencia con varios empresarios para la emisión de facturas falsas de manera continuada a lo largo de los sucesivos años y hasta 2011, cuando cambió el gobierno de la Diputación Provincial de Almería, ahora en manos del PP, que denunció el caso tras acceder a la institución.