La sede de la Subdelegación del Gobierno en Almería amaneció el miércoles con un amplio dispositivo de seguridad. La calle cortada y protegida por patrullas y agentes repartidos por el perímetro garantizaban el trabajo de los operarios a las puertas del almacén, donde se guardaban los fardos de arpillera amontonados a la espera de destino.

Los trabajos pertenecen a la última operación para la destrucción de droga en la provincia de Almería. Unas cinco toneladas de hachís ardieron ayer como parte del programa que, supeditado a la autorización judicial, permite la quema del estupefaciente decomisado en actuaciones contra el narcotráfico. El lugar de la destrucción de la droga se mantiene en secreto por motivos de seguridad. No obstante, como ha señalado la Delegación del Gobierno en Andalucía en varias ocasiones, en Almería se han realizado importantes quemas de droga en los últimos años. La tarea supone un enorme esfuerzo para las fuerzas de seguridad que se ocupan de la custodia y traslado del estupefaciente.

En España existen apenas media docena de centros para la destrucción de la droga. Desde el año 2012 existe un programa para acabar con el estupefaciente más rápido gracias a un convenio firmado por un acuerdo marco firmado por el Ministerio del Interior, el de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Agencia Nacional del Medicamento y Productos Sanitarios. Se trata de una cuestión de seguridad.

El protocolo fija la responsabilidad en las tareas. “Una vez gestionada y designada la partida de droga, y la fecha y lugar  concreto de incineración por el organismo correspondiente (Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado CICO), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargadas del traslado se desplazarán hasta el depósito en que se encuentren, donde se harán cargo de las sustancias”, señala.

 No obstante, las autoridades judiciales se reservan unas pequeñas muestran para su análisis en los procedimientos por delitos contra la salud pública, donde la composición y toxicidad de la droga puede determinar la condena. “Cuando finalice el procedimiento por resolución judicial firme, el órgano judicial competente dará la orden de destrucción de la muestra”.