El Tribunal de Cuentas ha fijado para el 26 de octubre el juicio en el marco del procedimiento de reintegro por alcance que se sigue por el pago “injustificado” de cheques girados contra una cuenta corriente de la citada delegación contra al exdelegado provincial de Medio Ambiente de la Junta en Almería Clemente García y al funcionario del departamento Miguel G.L.

El señalamiento se ha producido tras la audiencia previa celebrada este jueves y a la que estaban citadas las partes personadas. Fuentes del caso han indicado a Europa Press que la letrada de la Junta andaluza ha ratificado en todos sus extremos la demanda que presentó ante la Sección de Enjuiciamiento, quedando fijada la responsabilidad contable en 220.000 euros para Miguel G.L. y en 41.000 euros más intereses para Clemente García.

A la audiencia previa no han acudido ni el funcionario ni su representación letrada aunque ya estaba declarado en rebeldía por el tribunal ya que no cumplimentó el trámite de contestación a la demanda que presentó la Junta ni presentó prueba.

Facturas y cuadernillos

El abogado de quien fue responsable de Medio Ambiente de la administración autonómica en Almería hasta julio de 2010 ha presentado sus alegaciones y ha reiterado la prueba presentada para exonerar a su cliente. En concreto, ha adjuntado facturas y copia de los cuadernillos insertados en prensa que demostrarían que la cuantía por la que se le piden responsabilidades contables se destinó efectivamente a la contratación de trabajos publicitarios. Fue precisamente la administración autonómica la que puso en conocimiento de Tribunal de Cuentas, a través de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, presuntas “irregularidades” que se habían detectado en una cuenta bancaria “sin fiscalizar” hasta 2013 y en la que se ingresaba el canon forestal.

Tras la audiencia previa celebrada este jueves, el procedimiento ha quedado visto para conclusiones finales y para la celebración del juicio. El Departamento Segundo la Sección de Enjuiciamiento ha acordado, asimismo, pedir testimonio al Juzgado de Instrucción Uno de Almería de la causa penal que investiga estos mismos hechos para dirimir si existió malversación de caudales públicos entre los años 2009 y 2012.