La Guardia Civil imputa a más de 800 personas  por un fraude masivo en las pruebas para la obtención del permiso para patronear yates de hasta 24 metros de eslora. En la provincia de Almería la nómina de imputados asciende a 65 y se unen a dos detenidos por delitos de falsedad en documento público.

La Operación Sextante, como ha sido bautizada por la Policía Judicial, muestra un sistema generalizado para eludir los exámenes, tan sencillo como efectivo. Los clientes interesados en saltarse las pruebas pagan una cantidad en metálico (hasta 2.000 euros) y conseguían el permiso para gobernar embarcaciones hasta 150 millas náuticas de la costa.
Los ‘conseguidores’ facilitaban la acreditación de las prácticas y presionaban a los examinadores. Según fuentes oficiales de la Guardia Civil, “los agentes han podido constatar que algunas de las personas que componían estos tribunales habían sido coaccionadas y amenazadas  por los presidentes de las federaciones para que accedieran al fraude y así poder conservar su empleo”.

Además, según la Policía Judicial, la trama (hay 22 detenidos en España, la mayoría en Cádiz) llegó a entregar sobres cerrados con los exámenes con las respuestas correctas marcadas. El aspirante apenas sólo tenía que entregar el documento.

Una plantilla

“Previo pago de una elevada cantidad de dinero, el interesado recibía un sobre cerrado con el título y la documentación correspondiente sin haberse presentado a examen”, explica la Benemérita.  “Y en otras ocasiones, el interesado recibía la plantilla de examen y la hoja autocopiable con las respuestas correctas”.

De esto modo, eludían un exigente sistema de acreditación de los títulos para patronear yates de gran envergadura. La normativa fija requisitos y conocimientos muy altos, dada la entidad de los viajes en grandes embarcaciones y el riesgo para los usuarios. Se mide experiencia y cualificación sobre seguridad y aspectos técnicos de la navegación.

Además, la Guardia Civil investiga las posibles implicaciones de federaciones e instituciones públicas. “Asimismo, se pudo comprobar con distintas administraciones autonómicas que se estaban expidiendo gran cantidad de titulaciones, sin que, en la mayoría de los casos, los titulares de las mismas figuraran en sus bases de datos y contaran con una copia del examen realizado por ellos”, señalan fuentes oficiales.

La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número Dos de Cádiz, aunque las ramificaciones son muy extensas. Las provincias de Huelva y Almería aparecen en un lugar determinante en la estructura de corrupción montada en la consecución de los títulos para patronear yates.