Este fin de semana, Andalucía sale dos veces a la calle y, en el fondo, es la misma lucha. Una manifestación desde la Plataforma Andalucía por la Paz, contra el rearme y la guerra, junto a RESCOP y las plataformas de solidaridad con Palestina con las que convocamos las manifestaciones y otra por una vivienda digna convocada por el Sindicato de Inquilinas. Nuestra convocatoria exige la restitución de los derechos del pueblo palestino, el fin del genocidio y el juicio a sus responsables y cómplices, el embargo comercial y militar a Israel, la ruptura de relaciones diplomáticas, la reducción del gasto militar y la promoción de la guerra. Pero sostenemos que la lucha por el derecho a la vivienda tiene una relación directa con estas reivindicaciones.

¿Quién decide quién tiene derecho a una casa? ¿Los bancos y fondos o las necesidades de las personas? Estas preguntas cruciales nos recuerdan que, en Andalucía, Palestina y muchos más territorios podemos encontrar una misma lógica: casas que son tratadas como mercancía u objetivo y personas como algo que sobra. En Gaza se ha producido una destrucción masiva de vivienda y en Cisjordania el ejército y los colonos israelíes expulsan gente de sus casas y las demuelen o se las quedan. En el Estado español, la desposesión se traduce en todos los problemas que atraviesan a personas hipotecadas, inquilinas, personas víctimas de desahucio o acosadas por empresas mercenarias de desocupación, así como vecinos y vecinas expulsados por el turismo y la gentrificación. Todas estas situaciones tienen un denominador común: la vivienda tratada como negocio y especulación a costa del trabajo, esfuerzo y sacrificio de la gente.

Cada euro que se dedica al rearme y la guerra se deja de destinar a vivienda pública y a derechos sociales. Denunciamos que bancos como BBVA o Santander no sólo concentran el 60% de la financiación en armamento en España, según el Centre Delàs, sino que desde la crisis de 2008 han sido protagonistas de las ejecuciones hipotecarias. Igualmente, fondos como Cerberus, un gran tenedor de viviendas en España, ha sido dueño de contratistas militares como Dyncorp. Además, su cofundador Stephen Feinberg es el subsecretario de defensa de Estados Unidos y número dos del Pentágono. No es el único fondo que compra edificios, invierte en armamento e impone un mercado cautivo con beneficios garantizados a costa de los derechos más básicos de la mayoría. Lo que el especulador hace con un alquiler, la industria militar lo hace con nuestros impuestos.

Quienes especulan con nuestro derecho a vivienda a menudo son los mismos que se lucran con la guerra o el genocidio. Cuando se desaloja una casa o se bombardea un barrio entero, la factura la paga el pueblo con sus derechos, su dignidad y su vida.

Es momento de unirse, de tomar conciencia de que los intereses de unos pocos buscan imponerse frente a lo colectivo y actuar en consecuencia. Frente al egoísmo y rapacidad de quienes quieren hacer prevalecer únicamente lo suyo, construyamos solidaridad y unión fortaleciéndonos todos y todas en la lucha por lo nuestro.