El Tribunal Constitucional admite parcialmente el recurso interpuesto por el Partido Popular contra la ley antidesahucios de la Junta de Andalucía, impulsada por Izquierda Unida en los primeros meses del gobierno con el PSOE en la Junta de Andalucía. La sentencia cercena los principales puntos de la norma autonómica destinada a garantizar vivienda a las personas en riesgo de exclusión social.

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