Guerra en la hostelería de Almería: denuncian a una conocida residencia universitaria por actuar como "hotel"
ASHAL acude a la Policía y a la Junta por presunta competencia desleal al alojar a trabajadores de la Feria mientras los hostales están al 50%

Turistas llegando al centro de la capital almeriense
La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) ha presentado una batería de escritos dirigidos al Área de Presidencia y a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería, a la Delegación Territorial de Turismo de la Junta de Andalucía, a la Universidad de Almería y a la Comisaría Provincial de Policía Nacional, en los que solicita la intervención de las distintas administraciones ante lo que considera una situación de competencia desleal derivada de la actividad que desarrolla la residencia de estudiantes Civitas.
La patronal hotelera sostiene que este establecimiento estaría ofreciendo alojamiento a colectivos ajenos al ámbito universitario, circunstancia que, a su juicio, desnaturaliza la finalidad para la que fue concebido este tipo de instalaciones y sitúa en desventaja a los establecimientos hoteleros reglados, especialmente a los de menor categoria (hostales y pensiones).
La denuncia de ASHAL parte de las quejas trasladadas por varios establecimientos asociados, que han informado del alojamiento en la residencia de distintos grupos de trabajadores desplazados con motivo del montaje de la Feria de Almería, mientras numerosos establecimientos hoteleros registran niveles de ocupación todavía alejados del lleno. Según expone la asociación en el escrito presentado, la ocupación media en algunos hostales, pensiones y hoteles de menor categoría apenas alcanza el 50% en esas fechas.
Para ASHAL, el problema trasciende la pérdida de clientes. La organización entiende que, cuando una residencia universitaria comercializa habitaciones para usos ajenos a la actividad académica y fuera del colectivo universitario —estudiantes, personal docente o investigador y otros colectivos vinculados a la universidad— pasa a competir directamente con el sector hotelero sin estar sometida, presuntamente, a las mismas obligaciones que soportan los establecimientos reglados.
Por este motivo, la asociación ha solicitado a la Inspección de Turismo que compruebe si la actividad desarrollada se ajusta a la autorización administrativa de la residencia y si concurren las condiciones exigidas por la normativa turística vigente.
Igualmente, ASHAL ha puesto los hechos en conocimiento de la Comisaría Provincial de Policía Nacional, al entender que resulta necesario verificar si estos alojamientos cumplen las obligaciones relativas al registro documental y comunicación de viajeros, exigencias que sí deben observar todos los establecimientos hoteleros y que constituyen un elemento esencial para garantizar la seguridad ciudadana.
El presidente de ASHAL, Pedro Sánchez-Fortún, ha señalado que "no estamos cuestionando la función que cumplen las residencias universitarias ni el importante servicio que prestan a los estudiantes. Lo que no resulta aceptable es que puedan terminar actuando como establecimientos hoteleros para clientes ajenos al ámbito universitario sin las mismas obligaciones legales que cumplen nuestros asociados".
Sánchez-Fortún añade que "los empresarios hoteleros realizan importantes inversiones para cumplir una normativa muy exigente. Si existen establecimientos que desarrollan la misma actividad sin estar sujetos a esas mismas reglas, se produce una evidente distorsión del mercado que perjudica a quienes sí cumplen con todas sus obligaciones".
La patronal hostelera considera que las administraciones competentes deben aclarar esta situación con la máxima celeridad, tanto para garantizar el cumplimiento de la normativa como para preservar un marco de competencia leal entre todos los operadores que desarrollan actividad de alojamiento en la ciudad.
ASHAL ha manifestado finalmente su confianza en que las inspecciones y comprobaciones solicitadas permitan determinar si la actividad desarrollada por la residencia se ajusta a la legalidad vigente y, en su caso, adoptar las medidas que correspondan para garantizar la igualdad de condiciones entre todos los establecimientos de alojamiento.