La profusión de licencias urbanísticas en municipios del Almanzora y el Levante en los años del boom del ladrillo deja una reguero de condenas en los juzgados almerienses. La nómina de afectados crece ahora con la ex alcaldesa de Antas, Ana Joaquina García (PSOE). El titular del Juzgado de lo Penal número Cinco de Almería, Manuel Rey, condena a la dirigente socialista y a tres concejales a un año de cárcel y siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación gestado entre 2005 y 2006.

La sentencia analiza la concesión de licencia de obras a la mercantil Inversiones García Aute S.L. para la construcción de una promoción de 18 viviendas en una parcela de 10.000 metros cuadrados que, parcialmente, ocupaba espacio no urbanizable. Según la resolución, el arquitecto municipal informó negativamente ante la solicitud de la licencia, pero la Junta de Gobierno acordó por unanimidad dar luz verde a la edificación.

La licencia de obras
El acuerdo entre el Ayuntamiento de Antas y el promotor, José Francisco García, también condenado a un año de prisión, se cerró con la cesión a la localidad de una parcela de 36 metros cuadrados para zonas verdes. La decisión contó con el voto favorable de Ana Joaquina García y los concejales Roque Soler, Juana María Sáez y Melchor Castaño, todos condenados por prevaricación.

El Consistorio autorizó las obras y el proyecto comenzó a rodar. No obstante, según detalla el magistrado Manuel Rey, el promotor instó a una modificación de las normas del planeamiento municipal en junio de 2006 para convertir la parcela en completamente urbanizable.

De esta manera,  José Francisco García quería “salvar el escollo”.  “Encargó al arquitecto director de las obras un proyecto de modificación de las normas subsidiarias”, explica la sentencia. “El 29 de junio de 2006 el pleno aprobó tal proyecto”. Una parcela de 413 metros cuadrados de superficie pasó a convertirse en urbanizable.

La modificación se elevó a la Junta de Andalucía, que tumbó el proyecto por varias irregularidades. Y aún así el promotor inició las obras y completó la edificación en abril de 2008.

El caso llegó a los tribunales tras una denuncia de un vecino con un terreno limítrofe. La Fiscalía pidió penas de prisión para el promotor, la ex alcaldesa, los concejales y el arquitecto A. G. Los dos últimos son condenados por un delito contra la ordenación del territorio. Mientras, los ex responsables públicos son condenados por prevaricación. Todos a un año de cárcel. La sentencia será recurrida a la Audiencia.