La investigación del Caso Poniente en El Ejido convierte la instrucción judicial en un auténtico reto contable. Bienes decomisados, cuentas bancarias bloqueadas y fianzas suman cantidades millonarias y exigen máximas garantías legales en la gestión de los fondos judicializados.

Para afrontar esta demanda, la Administración de Justicia dispone de una "Cuenta de depósitos y consignaciones" donde se guardan los dineros procedentes de fianzas, cauciones, decomisos en metálico, ejecuciones judiciales y otros requisitos procesales de una naturaleza similar. La cuenta mueve cifras económicas mareantes y, más importante, genera unos intereses millonarios.

El conflicto está en el destino de los beneficios. La "Cuenta de depósitos y consignaciones" está adscrita al Ministerio de Justicia y, aunque las competencias y sus gastos aparejados corresponden a las comunidades autónomas, éstas no tienen no reciben los fondos propiciados por la actividad judicial.

Dinero de los juzgados

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los órganos andaluces registraron una entrada a la cuenta de 908 millones de euros en el ejercicio 2013. Sólo Madrid y Cataluña superan esta cantidad y el resto de comunidades autónomas apenas se aproxima a una media de 200 millones de euros.

Como quiera que parte de los fondos corresponden a fianzas y garantías, la salida es también llamativa. Así, a 1 de enero de 2014, el saldo de la "Cuenta de depósitos y consignaciones" en Andalucía era de 480 millones, suficiente para general intereses muy atractivos para la financiación regional de la Justicia.

Los informes del sector no revelan cifras provinciales. Sirva de indicador el volumen de asuntos manejado por los 52 juzgados almerienses. El ejercicio 2013 lo cerraron con 145.000 asuntos ingresados (nuevos), un 8 por ciento del total de los registrados en la comunidad autónoma. Actualmente la mencionada "Cuenta de depósitos y consignaciones" pertenece al Banco Santander. En el año 2009 el Banesto ganó el concurso público para la gestión de esta cuenta, en una convocatoria a la que también acudió el BBVA, anterior beneficiario. Hoy todos los pagos acaban en el Santander, según los trámites y las condiciones publicadas por el Ministerio de Justicia en su página web.

La Junta reclamó

El flujo económico constantes generados en los juzgados supone, a efectos prácticos, una gran oportunidad para las entidades financieras de conseguir liquidez. Los ingresos son diarios y millonarios (7.000 millones el año pasado en todo el territorio nacional).

La Junta de Andalucía reclamó "sus derechos" sobre los intereses devengados, por ejemplo, de las fianzas de personas y empresas. La demanda comenzó prácticamente desde el inicio de la asunción de las competencias, pero el Tribunal Constitucional tumbó en 2006 las aspiraciones andaluzas. “Se podría afirmar que durante la vigencia del depósito o consignación las cantidades se incorporan al procedimiento judicial como un ele mento más que incide en el ejercicio de la potestad jurisdiccional y, por lo tanto, en la esfera procesal de las partes”, señaló el TC. “Se trata, por tanto, de un recurso económico derivado de una actividad estatal”.

Las tasas

La Ley de Tasas Judiciales entró en vigor con el doble objetivo de reducir la litigiosidad y sumar nuevos fondos para pagar la asistencia jurídica gratuita, según explicó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y recoge el propio preámbulo de la norma. Sin em