La Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax asegura que el anuncio realizado por la delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de abrir expediente sancionador a los municipios por los vertidos al rio es una “huida hacia delante de la institución andaluza para tapar su manifiesta incompetencia a la hora de resolver la grave situación generada”.
Así se lo ha hecho saber el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax, Eugenio Gonzálvez,  al delegado de Medio Ambiente, José Manuel Ortiz, al que ha remitido un escrito. Atribuye Gonzálvez esta decisión a una “rabieta”  ante la polémica suscitada entre la Junta, los Ayuntamientos  del Bajo Andarax y la propia capital en la adopción de medidas para atajar el problema generado por las aguas residuales, que “tiene como única finalidad ocultar al verdadero y único responsable de la situación creada , que  es la Junta de Andalucía”, dice.
Añade Gonzálvez en el escrito que “no es de recibo que a través de este expediente sancionador se quiera convertir en culpables a los municipios del Bajo Andarax, que son víctimas de la inoperancia y los reiterados incumplimientos de la Junta”.
El presidente de la Mancomunidad recuerda, además,  que en los años 2004, 2006 y 2008 se suscribieron tres protocolos entre la Consejería de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Almería y la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax por los que la institución andaluza se comprometió a  llevar a cabo  con carácter prioritario el proyecto de abastecimiento y saneamiento del Bajo Andarax, que incluía las canalizaciones y ampliación de la depuradora de El Bobar para  el tratamiento de las aguas residuales del río.

Responsabilidades “Para solucionar el problema de los malos olores y la proliferación de mosquitos generado por las aguas residuales tendrían que haberse realizado por parte de la Junta la canalización de las aguas residuales del Bajo Andarax, que todavía no está hecha y las obras de ampliación de la depuradora, que tendría que haber terminado en el año 2010  y que cuatro años más tarde aún no ha concluido”.
       La Mancomunidad entiende además, que correspondería por Ley a la Junta de Andalucía y no a los ayuntamientos la competencia y la responsabilidad de intervención en el cauce del río para garantizar su adecuado mantenimiento.